El patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, propondrá a la Xunta Xeral la interposición de acciones judiciales contra los exsocios y su asesora por difundir en los medios y por otras vías, como el wasap, a “numerosas personas y representantes de entidades de Galicia”, la existencia de un embargo sobre las cuentas de la Cofradía, pues “es rotundamente falso” que incumpliera sus obligaciones judiciales y "tampoco existe conocimiento ni motivo para que a esta Cofradía se le embarguen las cuentas". De hecho, asegura que el pago de los 4.000 euros se efectuó la semana pasada. 

Estos se correspondían con las costas judiciales por el proceso que el Pósito perdió contra esos marineros a los que dio de baja por ser socios de manera simultánea en A Illa y en Noia, y porque empleó un procedimiento erróneo”; algo que posteriormente corrigió, obteniendo el refrendo de la Consellería do Mar a la decisión del Cabildo, pues era “una ilegalidad”.

Rial Millán les acusa de ocultar el pago “a propósito, de manera falsaria y daniña (...) para buscar el desprestigio gratuito y malicioso de esta entidad, su patrón y demás miembros de sus órganos de gobierno”. Y es que, en una nota de prensa “parcial, manipulativa y deliberadamente mendaz”, alegó que había un embargo. De hecho, espera que el resto de directivos acepten reclamarle “daños y perjuicios por los enormes perjuicios morales ocasionados al buen nombre” de la institución. 

Todo esto procede de un lustro de litigios de esos dos exsocios, pero según Rial Millán solo está en pie la reclamación de uno de ellos contra la decisión de darle de baja y esperan que TSXG “mantenga su doctrina y condene a este exsocio a pagar la totalidad de los gastos generados” a ambas instituciones “por temeridad y mala fe”. De hecho, aseguró que tampoco les consta que los exsocios ya interpusieran una reclamación patrimonial por lucro cesante de 200.000 euros. No obstante, avanza que se defenderán y también emprenderán acciones legales contra ellos, por “los daños y perjuicios ocasionados”, que, espera, “sean graves y cuantiosos”, pues considera que es una petición “estrafalaria y estrambótica”, teniendo en cuenta que “se basa en una ilegalidad”.

“Obsesiva y maliciosa”

Según el patrón, la persona que les lleva  los asuntos tiene una actitud “obsesiva y maliciosa” con el fin de “intoxicar” y “desestabilizar” a los órganos de gobierno, “intimidando con consecuencias apocalípticas”. Es más, indica que trabaja para otros socios, que “podrían haberse quedado sin poder trabajar por seguir sus consignas e instrucciones desconocedoras de la normativa más básica”.