La economía sumergida continúa siendo uno de los mayores desafíos para las administraciones públicas, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Con el objetivo de aumentar la transparencia en las transacciones económicas y reforzar la lucha contra el fraude, la Ley 11/2021 introdujo limitaciones importantes al uso del dinero en efectivo.

Desde la entrada en vigor de esta norma, se prohíbe realizar pagos en efectivo por importe igual o superior a 1.000 euros cuando interviene una persona física o jurídica que actúe como empresario o profesional. No obstante, si el pagador es un particular no residente fiscal en España, el límite se eleva a 10.000 euros.

Además, el concepto de “efectivo” no se limita únicamente a monedas y billetes. También incluye cheques al portador y otros instrumentos similares que permiten realizar pagos sin dejar rastro bancario.

Uno de los puntos más relevantes de esta normativa es que tanto el pagador como el receptor del dinero en efectivo pueden ser sancionados de forma solidaria si se supera el umbral permitido. Es decir, Hacienda puede exigir la sanción a cualquiera de los dos, o a ambos. No obstante, si una de las partes denuncia la operación a la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes al pago, quedará exenta de responsabilidad.

La sanción que se aplica en estos casos es del 25% del importe pagado en efectivo, lo que puede suponer una penalización considerable, especialmente en transacciones de alto valor. La finalidad de esta medida es clara: reducir el uso del efectivo en el ámbito empresarial y fomentar los medios de pago electrónicos, que permiten una trazabilidad efectiva.

En cuanto a las penalizaciones, es importante tener en cuenta que las sanciones por superar el límite de pagos en efectivo no son de carácter tributario, sino administrativo. Esta distinción es esencial, ya que determina qué vía debe seguirse para recurrir la sanción.

Mientras que las sanciones fiscales se recurren ante los tribunales económico-administrativos, en este caso se debe acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Esto implica un procedimiento diferente, con requisitos y plazos específicos.
Ante la imposición de una sanción por exceso en el pago en efectivo, el afectado puede presentar, si lo desea, un recurso de reposición ante la propia Administración. Esta vía es opcional, y si no se presenta o si se desestima, se podrá acudir directamente a la vía judicial contencioso-administrativa.

Este proceso está regulado por la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y exige la intervención de abogado y procurador, además de la presentación de una demanda formal. Los plazos también son estrictos: el recurso debe interponerse dentro de los dos meses siguientes a la notificación del acto sancionador.
La limitación del uso del efectivo forma parte de una estrategia más amplia para reducir el fraude y mejorar la equidad del sistema tributario. Su impacto no solo se percibe en el ámbito económico, sino también en el legal, ya que obliga a ciudadanos y empresas a operar dentro de los límites establecidos y a estar bien informados sobre las consecuencias de su incumplimiento.

Entender bien esta normativa y saber cómo actuar en caso de recibir una sanción es clave para evitar problemas con la Administración. Cada vez es más importante conocer los límites legales en el uso del efectivo y optar por medios de pago que permitan justificar fácilmente las operaciones. Con un poco de información y previsión, empresas y ciudadanos pueden evitar errores caros y operar con tranquilidad dentro del marco legal.
*María Pérez
Asesora Fiscal en Inter Asesoría