Unas obras de movimiento de tierras y construcción de un muro en una parcela de A Balada, en la parroquia cambadesa de Castrelo, sin licencia previa acabaron en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Pontevedra, que condenó al Concello a incoar, tramitar y resolver, en el plazo de un año, un expediente de reposición de la legalidad urbanística de las obras efectuadas en dicha parcela, así como a iniciar un expediente sancionador. Un plazo que concluye en el mes de julio sin que, de momento, la parcela se haya devuelto a su estado inicial, después de que la propiedad se limitase a solamente retirar el muro. “A día de hoxe aínda non se fixo nada de eso”, lamenta, por lo que no descarta volver a emprender acciones legales para que el Ayuntamiento cumpla la resolución judicial.

Unas obras que, según critica el denunciante, provocan embalses de agua en una parcela anexa de su titularidad, sin que desde el Concello hayan atendido a sus quejas. La situación se remonta a finales del año 2020 y el hombre recurrió a la justicia después de que la administración municipal no contestase ni diese resolución a un expediente iniciado de reposición de la legalidad urbanística, al concluir que la propietaria había ejecutado las obras en suelo rústico sin contar con licencia previa. 

Un silencio que, denuncia, se mantiene una vez producido el fallo judicial. De hecho, tras la retirada del muro, ejecutada ya, emitió un nuevo escrito al Concello que no fue respondido, por no haberse presentado la preceptiva comunicación previa. Por ello, recurrió en última estancia a la Veldora do Pobo en el pasado mes de abril, que requirió al Ayuntamiento la documentación.

Por ello, el denunciante apremia al Concello a actuar y dar cumplimiento a la resolución de un caso que acumula ya cinco años de gestiones “sen que se solucione o tema”.

“Procedemento largo”

Preguntado sobre la situación, el alcalde, Samuel Lago, explica que  estos casos son un “procedemento largo”. Así, indica que una vez se agote el plazo de un año, la asesoría jurídica, que lleva el seguimiento de estos casos, evaluará si la propiedad realizó el conjunto de los trabajos requeridos y, en caso contrario, el Concello lo requerirá o lo ejecutará de forma subsidiaria: “Que non quepa dúbida que imos facer cumprir todas as resolucións xudiciais”, concluye Lago.