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miércoles | 24 abril | 2024
Si bien el Impuesto sobre Patrimonio es un impuesto por todos conocido, esta semana se pretende tramitar en el Congreso un nuevo impuesto casi idéntico, calcando la configuración del Impuesto de Patrimonio, denominado impuesto de Solidaridad. Todo ello para asegurarse de esta manera la tributación en aquellas comunidades autónomas (CCAA) que pretendan ser más beligerantes con el impuesto, además de la misión recaudatoria, el Gobierno alude a un objetivo armonizador “disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas CCAA, especialmente para que la carga tributaria que los contribuyentes residentes en aquellas CCAA que han desfiscalizado total o parcialmente el impuesto sobre patrimonio no difiera sustancialmente de la de los contribuyentes de las CCAA en las que no se ha optado por reducir la tributación por dicho impuesto”.
El camino para la entrada en vigor del nuevo impuesto es cada vez más corto, con la intención de que entre en vigor en el 2023, con una duración transitoria de 2 años, pero dejando la puerta abierta a consolidarlo como un impuesto permanente. Si bien es cierto que la clara intención del Gobierno es que este tributo sea de aplicación en el 2022, para todos aquellos contribuyentes que a 31 de diciembre de este año posean 3 millones de euros de riqueza mundial, con un mínimo exento de 700.000 euros, por lo que eleva el umbral a 3.700.000 euros para tributar por este impuesto, a excepción de los no residentes que no pueden contar con la exención de los 700.000 euros que sí tienen los contribuyentes residentes. Los tramos que se van a establecer en función del patrimonio neto, son los siguientes:
-El primer tramo será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,34 millones de euros.
-El segundo tramo es del 2,1% y afecta a la horquilla entre los 5,34 y los 10.69 millones
-Para los patrimonios superiores a los 10,69 millones, se aplicará un tipo del 3,5%.
Como ya comentábamos este impuesto es complementario al Impuesto sobre Patrimonio que graban la misma base imponible. En comunidades como Madrid y Andalucía existe una bonificación del 100% del Impuesto Sobre Patrimonio, en Galicia es del 50%, que hace que sus contribuyentes solo tengan que abonar la mitad de este impuesto. La regulación de este nuevo impuesto supondría que un residente en nuestra comunidad con un patrimonio neto de 4 millones pagaría de Impuesto de Patrimonio 27.409,78 euros, la cuota del nuevo impuesto serían 5.100 euros, al poder deducirse la cuota que se abona por el Impuesto de Patrimonio, el total a pagar en este caso serían los mismos 27.409,78 euros que antes de la entrada en vigor del nuevo impuesto. Sin embargo en un patrimonio de 40 millones supondría una cuota diferencial a pagar a mayores de 479.286,28 euros. Por lo tanto los contribuyentes de estas autonomías son los más perjudicados por el nuevo impuesto a la Solidaridad, por lo que sus respectivos gobiernos han indicado que recurrirán el impuesto ante el Constitucional, al considerar que la armonización indirecta supone vulnerar sus competencias y capacidad normativa en un impuesto cedido.
Indudablemente esta situación genera una gran inseguridad jurídica, al legislar retroactivamente con nulo margen de maniobra para aquellos contribuyentes afectados, para la toma de decisiones sobre su patrimonio en el ejercicio 2022. Además de acumularse dos impuestos que graban lo mismo, dando lugar a una duplicidad de carga tributaria. Esta situación se traduce en una amenaza de litigios contra Hacienda, abriéndose la vía a que los patrimonios afectados recurran a la liquidación, después de presentarla para evitar sanciones.
Esta situación puede dar lugar a la fuga de patrimonios a otros países vecinos con una fiscalidad más amable como Portugal, así como el repliegue de inversión extranjera en nuestro país.
Desde luego que los asesores estamos pendientes de la publicación del texto definitivo, para poder planificar su carga fiscal a contribuyentes no residentes, estudiando los convenios de doble imposición de los países de residencia del contribuyente, así como su afectación a las family offices (sociedades creadas para invertir en inmuebles en ciertas zonas de España). Además de plantear nuevas operativas en la adquisición de inmuebles que minoren el impacto del nuevo impuesto.
*Noelia Puceiro es la directora de INTER Asesorí
