Guisasola culpa a la exalcaldesa de los fallos en la expropiación de Rocafort

El concejal de Economía, Marcos Guisasola, puso ayer nombre y apellido a los fallos en la defensa jurídica cometidos en la expropiación de la finca de la familia Rocafort. El edil aseguró durante el Pleno extraordinario de ayer que la exalcaldesa de Sanxenxo, Catalina González, hizo “caso omiso a las advertencias” después de que tanto él como María Deza (ediles durante la etapa de gobierno de la exalcaldesa) acudiesen junto a un técnico municipal a buscar asesoramiento a un buffete de abogados sobre la defensa en la expropiación de la finca. “Se defendió mal entre 2012 y 2015, pero la alcaldesa hizo caso omiso a nuestras advertencias”, aseguró. Una afirmación ratificada por la edil de Urbanismo: “Acudimos a un bufette para consultar el caso. Es cierto”, dijo. Guisasola que aseguró tener la “conciencia muy tranquila” incidió que “vamos a dar la batalla hasta el final y esperamos tener suerte”. 
Una explicación que no convenció a la edil no adscrita, Vanessa Rodríguez Búa, que le reprochó su responsabilidad como edil de Economía en la etapa anterior de gobierno. “No vale echar las culpas a la exalcaldesa. Tenía que hacer imperar su criterio y hacerse valer”, espetó. En la misma línea se manifestó el edil nacionalista, David Otero, que aseguró  que “esa recomendación supoño que estará nalgún informe que rexistrarían no Concello e xa a vamos a pedir por rexistro”.
El Pleno aprobó ayer la continuidad del litigio por la finca Rocafort en la vía civil con la abstención de la oposición y el voto favorable del gobierno PP-SAL que también anunció su recurso de amparo en el Constitucional. La concejala no adscrita calificó de “temeraria” e incluso de “suicidio judicial” el recurso a la vía civil al no tener acreditado y certificado los 1.200 metros cuadrados de viales. “Hacen referencia a tres informes para respaldar su decisión de acudir a la vía civil, pero yo no lo veo tan claro porque hasta ahora no fueron capaces de desmostrar la titularidad municipal de los viales en la vía administrativa. Tampoco aparece en el expediente y eso es lo que les indica uno de los informes. Me parece temerario lo que van a hacer y que puede salir muy caro a los vecinos de Sanxenxo”, dijo. 
De hecho, aseguró que las costas de un proceso civil puede ir a más de 400.000 euros “y se haría sin ningún tipo de garantía y solo con la intención de retrasar el pago para seguir comprando voluntades”. En la misma idea incidió el edil nacionalista que se refirió a la postura del gobierno como “a batalla de Don Quijote”  y subrayó que “o informe de Garrigues non é garantía de nada: Foi o bufete que defendeu a Construcuatro no caso de Navia”. Otero insistió en que “o obxectivo do goberno é liberar esa partida de 900.000 euros con fins electorais”. El alcalde, Telmo Martín, explicó en el cierre de intervenciones que fue la aclaración de la sentencia del Supremo “o que nos encendeu as alarmas” e insistió en que “nos chocou que fixese falta unha aclaración e aínda que respetamos a sentenza non a compartimos porque estamos seguros de que eses viais son públicos, publiquísimos”.  Martín reprochó a la oposición su actitud. “Moléstalles que fagamos cousas e que xestionemos”, apuntó.Ahora al gobierno le toca demostrar con documentación que esos viales e incluso la zona verde forma parte de la cesión obligatoria tras agotar el aprovechamiento urbanístico.