Una empresa dedicada a la comercialización al por mayor de accesorios y piezas de recambio para vehículos presentó una denuncia contra el Concello de Meaño reclamando el pago de 20.991 euros por un presunto impago de facturas. Según el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cambados, la documentación presentada ratifica la existencia de 81 facturas expedidas por la empresa entre el 16 de diciembre de 1998 y el 28 de febrero de 2007 por el suministro de material y piezas de repuesto de vehículos a nombre del Concello de Meaño, tras haber llegado a un acuerdo verbal por el por aquel entonces alcalde, según señaló la firma.

Así, pese a que la denunciante insistió en que existía un carácter privado en la relación contractual, por no reunir los requisitos exigidos en la Ley de Contratos del Sector Público, al no haber contrato por escrito alguno entre las partes, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Cambados defiende que se trata de un contrato administrativo y que corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa dictar sentencia.
 

Un fallo que, de facto, confirma la prescripción de la denuncia bajo la perspectiva del derecho administrativo, que no sucedería de mantenerse el proceso en el orden civil. Por ello, la denunciante recurrió el fallo, argumentando que esta situación significaría “un premio a la anómala situación de la administración” por la “mala praxis del Ayuntamiento” en la contratación del servicio. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó el recurso y señaló que dicho argumento “carece de relevancia a los efectos de determinar la jurisdicción competente”.