Tumban otro recurso para evitar el derribo de la urbanización de Raeiros

La sección segunda de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribual Superior de Justicia de Galicia ha desestimado un nuevo recurso interpuesto por una propietaria de uno de los chalés de la urbanización de Raeiros en O Grove. Los magistrados aseguran en el fallo que “ni hay vicio procedimental por la revocación del apercibimiento ni tampoco procede una retroacción de actuaciones para poner de manifiesto a los propietarios un requerimiento de cumplimiento dictado en el año 2008 similar al que se les notificó en el año 2013”. Así considera la sentencia que en nada modifica ni las posibilidades de los apelantes de restituir la legalidad, antes y después del acto recurrido dictado en 2014, y que resulta redundante e innecesario cuando entre el apercibimiento del año 2013 y el año 2014 han dispuesto de la posibilidad de reponer la legalidad con las actuaciones que solo de ellos dependen: Implantar un verdadero y efectivo uso hotelero con la disolución de la división horizontal y la modificación registral que restituya la parcela matriz, eliminando la parcelación generada con las fincas individuales creadas en contra de lo autorizado en la licencia y en la autorización autonómica).

La sentencia plantea la posibilidad de legalizar, extinguiendo la división horizontal, tal y como se requirió en la sentencia del 27 de septiembre de 2016 y confirmada por la Audiencia Provincial de Pontevedra el 9 de marzo. “Pero aún no consta que se hayan materializado  inscribiéndolo en el registro de la propiedad de forma que no existe la alteración registral, no se ha producido la eliminción del régimen de división horizontal y la orden de demolición sigue siendo válida y ejecutiva”.

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En 1993, el propietario obtuvo una licencia para construir un apartahotel de uso turístico, pero, edificó los 52 chalés adosados con uso de vivienda y los vendió a diferentes propietarios. Catorce años después, en 2007, la Xunta les requirió la implantación de uso hotelero y la disolución de la parcelación mediante la unificación de todas las casas en una sola propiedad, pero ignoraron la orden.

En 2010, la APLU ordenó la demolición y volvió a requerirla en 2014 y, ahora, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra confirma esa última orden de demolición e impone a la recurrente el pago de costas por 1.000 euros. El expediente de Os Raeiros lleva 27 años recorriendo los despachos de la administración y los jueces. Los chalés fueron vendidos por la empresa promotora, Galicia Inproin S.L. Dependiendo de la situación y metros cuadrados de las viviendas llegaron a costar cerca de medio millón de euros.