Un vecino denuncia en la APLU el relleno realizado por el Concello de Meaño para crear un mirador

Un vecino ha denunciado ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) un relleno realizado en la parte superior del terreno para el futuro auditorio y donde el Concello tiene previsto crear un mirador, en el lugar de A Toxa. Alega que las obras “exceden los límites autorizados conforme” la legislación y que entre los restos empleados podría haber “residuos de obra como amianto o asbestos pudiendo ser constitutivos de un delito medioambiental”.

El alcalde, Carlos Viéitez, defendió ayer la actuación explicando que el mirador previsto es un “uso permitido” en esta parcela de suelo rústico apto para urbanizar y que siguen trabajando con el plan especial para darle a los vecinos el auditorio tan anhelado desde hace años y que se ejecuta en la parte baja. De hecho, asegura que la denuncia responde a “intereses particulares” de un vecino y que darán las respuestas pertinentes a la agencia.

Según el escrito de denuncia, esta persona “desea permanecer en el anonimato para evitar represalias” y la presentó mediante un abogado. Expone que el relleno se ha realizado “alterándose sensiblemente la tipología del terreno con variaciones en las cotas que llegan a superar los cinco metros de altura en varios puntos” y que “exceden los límites autorizables” de la Ley del Suelo, “por lo que no son ilegalizables”, indica.

También asegura este vecino que “no consta” que tengan autorización autonómica ni un acuerdo municipal de aprobación del proyecto y denuncia que se desconoce el origen de los materiales utilizados para el relleno y que “no se puede descartar que sean peligrosos o inadecuados”. Respecto a esto detalla que, en un vistazo, se aprecia la “presencia de materiales de fibrocemento y similares, lo que nos induce a pensar que se puedan estar utilizando residuos de obras que contengan amianto o asbestos, pudiendo en consecuencia las obras ser constitutivas de un delito medioambiental”.

Por todo ello, pidió a la APLU que realice las actuaciones necesarias para “la restauración de la legalidad y la depuración de responsabilidades”, además de solicitar que se informe al Seprona y a la Xunta para que investigue el origen de los materiales.