VILANOVA-Las protestas por la situación del geriátrico llegan a la Diputación

Alrededor de una treintena de personas se concentraron ayer ante la sede de la Diputación de Pontevedra en una nueva protesta por la situación de supuesta “represión sindical” denunciada en la Residencia Valle-Inclán de la tercera edad en Vilanova de Arousa.
Los sindicatos CIG, CC OO y UGT respaldaron el acto, que tenía por objetivo solicitar la implicación de la administración provincial para que intentase mediar en el caso, después de conseguir que la Xunta los reciba a final de mes y ante la negativa del Concello vilanovés a interceder en un conflicto que considera en el ámbito privado.
Los concentrados volvieron a hacer visible la veintena de despidos acumulados en los últimos meses, que vinculan con aquellos trabajadores que demandan el reconocimiento de derechos laborales o aquellos con nexos con alguna central.
El presidente de la Diputación, Rafael Louzán, declaró ayer, posteriormente, que tras escuchar las demandas del colectivo, constató que “algúns levan cinco meses sen cobrar”. Dijo que intentará “ver que se pode facer, aínda que isto non depende da Deputación”. “Espero que se poida normalizar a situación o antes posible”, concluyó.
También se movió ficha ayer a nivel local. El PSOE y el BNG presentaron en el Concello una solicitud de Pleno extraordinario, para llevar el asunto a debate y conseguir un posicionamiento del gobierno local.
La propuesta se realiza tras una reunión anterior entre sindicatos y los dos grupos de la oposición.
Estos piden ahora una sesión de la Corporación con cuatro puntos en el orden del día que giran sobre el mismo asunto: Un primero para que los ediles muestren su “apoio e solidariedade” a los trabajadores del geriátrico. El segundo para que se “reprobe  e condenen as prácticas” de la empresa. Un tercero trataría de facultar al alcalde para intervenir, instando a la parte social y empresarial a acudir a la mediación del AGA (Acuerdo Interprofesional Galego), sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo. El último punto sería instar a la Consellería de Traballo a que investigue si se está cumpliendo la legalidad por parte de la empresa, al recordar que la residencia recibe dinero público al contar con plazas concertadas para la atención a la tercera edad.
Finalmente, añaden una última petición a propuesta de los trabajadores de la empresa: Que se dé voz a uno de ellos durante el Pleno para exponer la situación. El gobierno local deberá ahora tomar una decisión y pronunciarse.