Si usted recibe muchas llamadas indeseadas, con ofertas comerciales, mensajes automatizados o incluso silencios inquietantes, le recomendaría que se apuntase a la Lista Robinson. Pero apenas sirve para nada. Como mucho, para decir que está apuntado y entonces suelen colgar. Aunque también cuelgan si, en lugar de contestar con un “diga”, responden con seguridad: “Depósito de cadáveres, dígame”. Sirve también un enérgico: “Comisaría de Policía, ¿en qué puedo ayudarle?”.

Los números se acompañan de una lacónica mención a la procedencia nacional. De España nos llaman a diario, aunque tampoco resulta extraño que lo hagan desde Ruanda. Y las “robollamadas” molestan e incluso generan ansiedad. Especialmente a los mayores que viven solos. Muchos ni cogen el teléfono, aburridos o temerosos de los intentos de fraude.

Según la OCU, aunque la ley exige que las llamadas comerciales sean identificables, en la práctica muchas empresas utilizan números que no permiten ser devueltos o que no están asignados a una línea real. En realidad, en dos de cada tres llamadas comerciales no se puede identificar el origen, aunque formalmente aparezca un número en pantalla.

Spam telefónico, le llaman. Otra cosa más que los ciudadanos aceptamos como inevitable. Otra legalidad que no se cumple, ni la Ley Defensa de Consumidores y Usuarios, ni la Ley de Competencia Desleal, ni por supuesto (no me haga reír) ningún tipo de código ético. Que desaparecieran las guías en papel parece comprensible, pero que todos los números de teléfono no estén registrados con su titular en una base de datos accesible por internet suena a complicidad del poder político con el poder empresarial para vender de la manera más agresiva e invasiva lo que no queremos.

La explicación es sencilla: la protección de datos. Lo curioso es que lo que se legisla con intención de proteger al particular, en concreto a las personas físicas, del acoso, el fraude o el citado spam, se ha convertido en la puerta de atrás por la que empresas o todo tipo de organizaciones, legales o no, puedan meterse hasta en la cocina en nuestra vida diaria. Y uno se dice a sí mismo: oiga, muy bien que no exista esa base de datos, pero quien me llame que se presente en mi pantallita de teléfono de una manera clara, inequívoca, y quien no lo haga que se le localice y se le multe adecuadamente por paliza.

Dice la OCU que el 90% de los españoles sufrimos el problema y que las empresas más pesadas son muy conocidas. Eléctricas, telecos… las de siempre, vamos. Así que es inexcusable que el gobierno no ataje la situación. En realidad, que se transfiera la responsabilidad de la protección al usuario es una verdadera tomadura de pelo. Y que aconsejen bajarnos aplicaciones o retocar las configuraciones de los teléfonos para evitar ser acosados, una burla. Son los dispositivos los que tienen que venir blindados y en todo caso el usuario, si quiere, abrirlos a las ofertas comerciales. Ah, claro, que nadie lo permitiría.

Encima tenemos que aprender una ristra de “palabros”: vishing, phishing, smishing, wangiri, spoofing y no sé cuántas más. En castellano no es mucho mejor. Está la doble llamada:
primero, un estafador se hace pasar por tu compañía para informarte de una supuesta subida de tarifas. Después, otro llama haciéndose pasar por la competencia para ofrecerte mejores condiciones. O grabarte un “sí” para usarlo como consentimiento (aunque viendo lo de la IA y la clonación de voz, lo del “sí” ya parece cutre). O la llamada fantasma, en silencio, con la que hay quien asegura que te pueden suscribir a determinados servicios… En fin, no caigamos en el alarmismo. Pero a veces tengo la sensación al descolgar de que me van a robar y que el Gobierno, más que protegerme, me vende.