Si hay jueces que no quieren cumplir las leyes aprobadas por el legislador, se están cargando la democracia y el Estado de Derecho. Nadie puede estar por encima de la ley y del artículo 9. 3. de la CE.
El tribunal andaluz dictó sentencia confirmada por el Supremo contra Chaves y Griñán, entre otros, por los ERE después de largos años de investigación alargando la propaganda política contra un partido, condenando sin pruebas a 9 años de inhabilitación a Chaves y 6 años de cárcel a Griñán por in vigilando. Aplicando esta teoría, sería condenable el gobierno de los jueces (Consejo General del Poder Judicial), por un delito que cometa un juez. La condena solo debió recaer sobre el director general que malversó y gastó el dinero en drogas. Ahora el Constitucional, en uso de sus competencias, anula la sentencia por no tener en cuenta los derechos fundamentales de los acusados.
Pero el PP desautoriza al Tribunal Constitucional por haber anulado una sentencia injusta. En el PP no decían lo mismo del TC cuando ellos tenían la mayoría conservadora. Hay tribunales que aplican las leyes en función de su ideología. Siempre pensé que en el caso de los ERE de Andalucía había más política que justicia. Pudo haber decisiones poco ajustadas al derecho administrativo, como pasa a diario en todas las administraciones, para eso están las reclamaciones. Pero los errores sin lucro personal no pueden ser causa penal.
Las subvenciones a los ERE fueron aprobadas por todo el Parlamento y no solo por Chaves y Griñán. En todo caso, cometerían delito todos los diputados que votaron a favor. El gobierno andaluz, dentro de sus competencias, aprobó los ERE para salvar empresas en crisis, creando un plan de empleo y prejubilaciones anticipadas. El caso curioso es que el actual gobierno del PP, al día de hoy, ni anuló los ERE, ni las prejubilaciones anticipadas que siguen pagando.
Pero el barullo creado mezclando la justicia con la política para derrotar a un gobierno no evita la corrupción, ni clarifica la situación, dado que los opositores quieren llegar al poder por el atajo. Tener educación y respetar las normas, no privan a nadie de tener opiniones fundadas que todo político y juez debe tener, dada la importancia de sus cargos . El Supremo confirmó la sentencia del tribunal contra Chaves y Griñán, culpándoles por in vigilando. No vio lo mismo con Aguirre y González, los que fueran presidentes de la Comunidad de Madrid, que no fueron condenados por la corrupción de sus subordinados.
Yo tengo una sentencia que reconoció que un alcalde cometió un fallo administrativo, no penal como pretendía el denunciante, porque otros alcaldes fueron condenados de varios años penalmente por menos causa. Este alcalde denunciado adjudicó obras a dedo sin pasar por comisión de gobierno por importe de más de ocho millones en un mandato y sin partida presupuestaria.
Para burlar la ley, troceó los importes de las obras para no sacarlas a concurso, esquivando los controles legales, siendo advertido por intervención y, sin hacer caso, pagó las obras con cientos de decretos. He aquí como se puede hacer corrupción en complot con el contratista, adjudicando las obras con costo inflado para repartirse el dinero público.
El alcalde, a pesar de tener mayoría absoluta, no aprobó los presupuestos para seguir adjudicando obras a dedo. Le condenaron por lo administrativa, cuando era causa penal.
Lo mismo está haciendo Ayuso adjudicando obras a dedo, troceando el proyecto en partidas de 40.000 euros para evitar el concurso competitivo, y sin partida presupuestaria, pagando las factura por dicha cantidad que va presentando el constructor fuera de la ley. No sé qué hacen los tribunales y fiscales de Madrid para no ver lo que hace esta infractora, que se dedica a dar lecciones a todos, dedicándose a defender con su cargo público a los infractores, su pareja y Cano, después de quedar meridianamente claro que no cumplen la Ley, pero así desvían la opinión pública contra Sánchez. Lo malo de todo esto es que hay partidos y jueces que no se adaptan a la democracia.