El 13 de agosto de agosto de 1961 será una fecha para el recuerdo, el más triste de los recuerdos, para Alemania y el mundo libre. Prácticamente de la noche a la mañana los berlineses se encontraron totalmente separados por 155 km de muro, fuertemente defendido por soldados y policías de la RDA así como campos de minas. Walter Ulbricht, en un ejercicio de mentira similar a los que realizó reciente y tristemente Putin ante Scholtz y Macron, había afirmado el 15 de junio que los trabajadores de la RDA se dedicaban a realizar principalmente viviendas y no muros. Posteriormente lo denominaron “Muro de protección antifascista” coronando su mentira. Las cifras de muertos de alemanes orientales tratando de cruzar el muro, así como los detenidos en el intento, indican la magnitud de la mentira así como la maldad de sus diseñadores.

Pues bien, en este 13 de agosto de 2022 nos hemos encontrado con un nuevo muro, en esta ocasión a la libertad de prensa, que es una de las expresiones fundamentales de la libertad, en la forma del nuevo Anteproyecto de Ley de Información Clasificada (conocida también como “Ley de Secretos Oficiales”). Una lectura atenta a la misma por parte alguien conocedor de las leyes y los derechos no deja lugar a dudas de lo calculado de este proyecto y las posibles consecuencias del mismo. Así, leemos en el artículo 21 que “para el acceso a la información clasificada en las categorías de Alto secreto, Secreto o Confidencial se requerirá estar en posesión de una Habilitación Personal de Seguridad que otorgará la Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada”. La Autoridad Nacional será, según el artículo 6 “(…) ejercida por el Ministerio de la Presidencia (…)” siendo su titular el ministro Félix Bolaños. Para saber quién o quiénes podrán decidir qué información es o no clasificada y su grado nos remitimos a los artículos 4.1. (“Alto secreto” y “Secreto”) siendo prerrogativa del Consejo de Ministros y el artículo 4.2. (“Confidencial” y “Restringido”), donde encontramos quince cargos encabezados por el presidente del Gobierno. Las sanciones oscilan entre los 50.000 euros hasta los 3.000.000. ¿Qué podrá o no podrá publicarse?¿Se podría informar del incidente diplomático en Bolivia, en el que se acusó a España de “atropellar” su soberanía?¿Se podría informar de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el segundo estado de alarma?¿Se podría informar del rescate de la aerolínea Plus Ultra?¿Se podría informar de la llegada de Delcy Rodríguez, quién no podría haber pisado España debido a las sanciones de la UE por “violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”?¿Se podría informar, ya de permitirse lo anterior, de las continuas mentiras del exministro Ábalos? Y de la entrada de Gali, con pasaporte falso, ¿se podría informar? Dejo las respuestas en la cabeza de cada lector.

Esta es, por lo tanto, una iniciativa peligrosísima que ha suscitado, afortunadamente, la respuesta de asociaciones de prensa, periódicos y periodistas. La FAPE fue clara a la hora de señalar esta Ley de Secretos Oficiales supone “una grave vulneración de los derechos de libertad de expresión e información con un texto que supondría establecer la censura”. No es algo que debiera sorprender. España, de acuerdo a la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, elaborada por Reporteros sin Fronteras, ha descendido tres puestos (del 29º al 32º) en un año, y es que uno de los miembros más importantes del gobierno en esos momentos, el exvicepresidente Pablo Iglesias (intelectualmente el más capaz del gabinete) siempre fue un enconado enemigo de la libertad de prensa, y si todavía fuera de la política declaraba que “incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente” como vicepresidente en 2021 se encontraba reclamando “elementos de control”. Sánchez parece haberse hecho eco de esta estrategia para “aleccionar” a los medios de prensa, como hizo este día 16. “Hago un llamamiento a que los medios de comunicación informen. Una cosa es informar y otra intoxicar”. Esto vino a colación de los rumores de cambios de ministros, pero la actitud es en la línea de su exvicepresidente. Es, por tanto, cuestión fundamental hacer llegar a los españoles por medio de esta prensa (la calculada medida de llevar adelante la ley durante las vacaciones aumenta mis temores sobre sus poderes y consecuencias) todavía libre el análisis de una noticia que les afectará profundamente, pues apunta directamente al corazón de los derechos de la democracia, y es que en un gobierno democrático la prensa ejerce de contrapeso del poder, mientras que en una dictadura o tiranía es el gobierno quien controla a la prensa. Espero que de un modo u otro seamos capaces, entre todos, de frenar esta grave medida contra la democracia.