La DGT quiso reducir la velocidad pero no se hizo por “cobardía política”

La exdirectora general de la DGT María Seguí asegura que su propuesta de 2013 de rebajar el límite de velocidad en las carreteras secundarias se quedó en el cajón porque desde el Ministerio del Interior argumentaron que no era el momento adecuado: “Fue un acto de cobardía política total”.
En declaraciones a Efe, Seguí, la máxima responsable de Tráfico entre 2012 y 2015, deja claro que cualquier técnico o experto en seguridad vial no tiene ninguna duda del impacto de la velocidad en los fallecidos y heridos graves en accidente de tráfico y que, por tanto, de forma “rigurosa” y “objetiva” levantar el pie del acelerador disminuye el riesgo y los fallecidos.
“Ojalá este Consejo de Ministros diga, hágase lo que es bueno, y no tenga pánico a revolucionar un asunto que afecta a todo el país”, desea Seguí, después de que el actual jefe de la DGT, Pere Navarro, pusiera el martes sobre la mesa de nuevo la propuesta de reducir los límites de velocidad en las carreteras secundarias para atajar la siniestralidad.
La idea de Seguí era clara: aumentar el límite de velocidad hasta 130 kilómetros por hora en determinados tramos de autopista con unas condiciones favorables y reducirlo en las carreteras secundarias, donde se producían el 80% de los accidentes.
“Cualquier persona que llega a la DGT con perspectiva técnica sabe que la institución tiene la llave del control de la velocidad y es verdad que en ocasiones se ha empleado a lo bruto, pero, si ese resorte se usa bien, no hay que tener pánico”, defiende la exdirectora, que también apuesta por hacer llegar a la ciudadanía la información de forma “creíble, transparente y con pedagogía”.
Ella encargó multitud de trabajos, entre ellos, un informe exhaustivo, “elaborado por gente de la DGT, con rigor y criterio”, en el que se analizó “todo” respecto a la velocidad en secundarias, desde el flujo del tráfico por tramos en esas vías secundarias a la siniestralidad, el ahorro que supondría a las arcas públicas en atención a heridos o los puntos mal señalizados. “Navarro lo tiene todo hecho”, bromea Seguí, antes de recordar a Efe que ese informe fue avalado en 2013 por el Consejo Superior de Tráfico, un órgano consultivo integrado por las distintas administraciones y organizaciones profesionales, económicas y sociales del sector.
Los cambios propuestos –se hablaba de cambios de velocidad en autopistas, secundarias, ciudad, pero también de ciclistas y peatones– se incluían en un borrador de Reglamento de Circulación que nunca vio la luz y sigue durmiendo en los cajones de Interior. El primer “palo” se lo dio el Consejo de Estado que en 2015, recuerda Seguí. Aseguraban que era “una reaccionaria transformación” que no debería ir bajo el paraguas de un reglamento sino bajo el de una nueva Ley de Movilidad. l