jueves 17.10.2019

La jueza retira la patria potestad de sus hijos al autor del triple crimen de Valga

Realizan una exploración a los menores, de 4 y 7 años, para evitar que tengan que declarar en el juicio del caso
El asesino José Luis Abet Lafuente en las escaleras de los juzgados de Caldas de Reis | mónica ferreirós
El asesino José Luis Abet Lafuente en las escaleras de los juzgados de Caldas de Reis | mónica ferreirós

El Juzgado número 2 de Caldas de Reis ha decretado la suspensión de la patria potestad de sus hijos a José Luis Abet Lafuente, el asesino del triple crimen machista cometido en Cordeiro (Valga) el pasado lunes. Además se realizó la exploración de los dos menores de 4 y 7 año de edad con la ayuda de un equipo técnico y el objetivo de obtener su testimonio constituyéndolo como prueba preconstituida y evitar que tengan que tengan que declarar en el juicio. Cabe recordar que residen temporalmente con un hermano de la abuela materna, María Elena Jamardo, una de las víctimas del atroz crimen confesado por Abet Lafuente que también asesinó a su exmujer, Sandra Boquete, y a su excuñada Alba.

Sin decisión sobre la custodia

La jueza instructora del caso, Cristina Sánchez Neira, le comunicó la decisión en Caldas de Reis a donde llegó procedente de la prisión de A Lama donde permanece desde que el pasado lunes se decretara para él prisión provisional comunicada y sin fianza, acusado de cometer tres asesinatos por los que podría enfrentarse a la pena de prisión permanente revisable. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) señalaron que los niños y su padre no se vieron y que será la jueza quién decidirá sobre la custodia de los menores. Las mismas fuentes señalaron que Abet Lafuente acudió para la tramitación de unas diligencias pero sin relación con la reconstrucción de los hechos ni tampoco con su toma de declaración. Cabe recordar que pasó a disposición judicial el pasado martes y no quiso testificar alegando que no se encontraba en condiciones para hacerlo.

Los niños de 4 y 7 años de edad presenciaron los hechos ocurridos a primera hora de la mañana del lunes, cuando este vecino de Ames fue a la casa que había compartido con su exmujer, Sandra Boquete, hasta el momento de la separación, y le disparó cuando se encontraba en el interior de su coche con sus hijos, con la intención de llevarlos a la escuela. Poco antes, al ver a su exmarido, había llamado a su madre, María Elena Jamardo, de 57 años, y a su única hermana, Alba Boquete, de 27, a las que el asesino confeso también disparó acabando con su vida.

En estos casos, cuando se trata de menores víctimas en delitos especialmente violentos, existe un protocolo para dar validez a su testimonio en la fase sumarial del caso y evitar que tengan que volver a declarar en la vista oral con el doble objetivo de minimizar el riesgo de su victimización secundaria y proteger la calidad de su declaración como elemento de prueba. Así, se realiza una exploración con el apoyo de un grupo de técnicos especialistas que, según la mayoría de protocolos, son psicólogos. Además se busca minimizar al máximo la presencia de las autoridades y las partes e intentar que los niños detecten en la medida de lo posible que se encuentran en un entorno judicial.

En estos casos también se procede a la grabación para su utilización como lo que se llama una prueba de cargo preconstituida. El TSXG indicó que el padre, de 45 años de edad, asistió como parte de la diligencia, pero que en ningún momento se vieron él y los niños.

Tras lo sucedido, fueron recogidos por unos vecinos y desde entonces permanecen con un hermano de María Elena Jamardo, como medida temporal, en una decisión tomada de manera conjunta por la jueza, los servicios sociales municipales y el equipo de menores de la Xunta.

El caso se sigue en el juzgado de Caldas especializado en violencia de género, sin embargo, ni su abuela ni su tía serán consideradas víctimas indirectas como debería ser según el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Su madre, de 39 años de edad, es la víctima 41 de esta lacra social que a las horas, ya sumaba 42 asesinadas. No existían denuncias previas ni consultas en el CIM de Valga. Como posible móvil del crimen se barajan discrepancias con la propiedad de la vivienda de Carracido donde sucedieron los hechos. l

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