Las dudas de Costas retrasan la puesta en marcha del carril bici anexo al Paseo Marítimo a Carril. El proyecto está pendiente de la aprobación por parte del organismo estatal, que es reacio a cualquier nueva ocupación del dominio público marítimo terrestre.
Es una de las principales apuestas del gobierno local, para continuar fomentando el transporte en bicicleta. Lo cierto es que la convivencia de estos vehículos con peatones y patinetes en el Paseo se hace cada vez más complicada, por lo que la intención era separar ambas circulaciones.
El ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela ya llegó al poder con esta idea que, por primera vez, se abordó en 2015 con Costas del Estado, entonces en manos del Partido Popular. La visión que se dio desde el organismo estatal no era entonces opuesta al carril bici.
En noviembre de 2017, el Concello de Vilagarcía solicitó a Costas la desafectación del dominio público marítimo terrestrede la franja de terreno por la que discurriría la ampliación del carril bici. La intención entonces era hacerlo coincidir con la primera fase de la reforma del Paseo Marítimo. En diciembre de ese mismo año, el proyecto fue remitido al organismo estatal.
Desde la administración municipal entendían que lo lógico sería hacerlo sobre terreno del arenal, que ya dispondría de superficie suficiente. El estudio fue elaborado por AM2 Arquitectos y contemplaba una longitud de 1.273 metros y tres metros de ancho. Partiría de la zona de O Ramal, conectando con el tramo que finaliza allí y terminaría a la altura del espigón de la llamada Rúa San Andrés, donde se encuentra el lavadero. La superficie se construiría sobre una base de hormigón armado de 20 centímetros de espesor, que se cubriría con un pavimento específico para la rodadura de las bicicletas. En agosto de 2019, el Concello llegó a solicitar una ayuda a la Unión Europea de 1,1 millones de euros, que las arcas locales completarían con 275.701 más, para llevar a cabo este proyecto. Sin embargo, no hubo nuevas noticias al respecto. Lo cierto es que, en los últimos años, tanto la normativa como la sensibilización social y política giró hacia un mayor proteccionismo del dominio público marítimo- terrestre. En esta idea se sustentan las dudas de Costas a autorizar el proyecto.