Frente común en Ravella para conseguir local para los jubilados de la Casa do Mar

Las demandas detrás de la pancarta protagonizadas por los jubilados y pensionistas de la Casa do Mar tomaron ayer el salón de plenos. Lo hicieron por el mismo motivo por el que llevan concentrándose y moviéndose ante las administraciones desde el pasado mes de junio, para reclamar que la Xunta de Galicia les habilite un espacio adecuado para su ocio y tiempo libre a la espera de que culminen los trabajos del edificio de A Mariña. Eso sí, y así lo aclaró el presidente del colectivo José Cao, con la opción de volver a las instalaciones que llevan ocupando desde hace más de cuatro décadas cuando esos trabajos culminen.

Los jubilados acudieron al hemiciclo de Ravella amparados por una moción del Partido Socialista en la que finalmente fue aprobada por unanimidad y en la que pedían instar a la Xunta y al Gobierno central a buscar una solución para este colectivo.

La intervención destapó la caja de los truenos sobre todo en lo referente a las filas del Partido Popular. Su portavoz, Elena Suárez, defendió la gestión de la Xunta de Galicia y del presidente local de su partido, Alfonso Gallego, a la hora de buscar “tanto locales públicos como privados para que ustedes se pudiesen establecer”. Suárez hizo referencia a un informe técnico de 2013 para justificar el desalojo apuntando que “deja bien claro el documento que el inmueble tiene importante daños estructurales”. 

Sus palabras fueron replicadas por el presidente del colectivo que manifestó que sí, que tanto el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Cores Tourís, como la jefa territorial “nos dixeron que buscaramos un local. E Alfonso Gallego acompañounos, pero ao día seguinte xa nos dixeron que non, que eran moitos cartos”. Resaltó que “Alfonso portouse ben con nós, pero non valeu de nada a xestión” y recalcó que su intención no es otra que “seguir no local que é noso”.

Xosé Leirós, desde el BNG y Jesús López y Gaspar González desde EU y Somos respectivamente reclamaron una actuación conjunta para buscar “unha solución a esta problemática”. El alcalde, Alberto Varela, censuró a los populares aludiendo que “non é certo que a Xunta estivera disposta a sufragar un aluguer” e incidió en que “o Concello está disposto a arrimar o ombreiro, pero o que non imos permitir é que a Xunta se vaia de rosiñas e que unha vez que os botou dalí queira cargarnos aos concellos con toda a responsabilidade”.