10º-17º
jueves | 25 abril | 2024
El Juzgado de lo Social número 1 de Pontevedra acaba de condenar a la empresa Mersant (encargada de la vigilancia de seguridad en el ISM de Bamio) a la readmisión de cinco trabajadores al considerar que su despido –ejecutado hace unos meses– ha sido improcedente. Además la empresa debe hacer frente al pago de los salarios que –al estar despedidos– estos cinco trabajadores no percibieron desde el 31 de marzo de este mismo año. La sentencia emitida tras el juicio celebrado el pasado mes de junio le da a la empresa otra alternativa, que es la de abonar la indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 24 mensualidades.
Los trabajadores representantes por el sindicato Alternativa Sindical recibirían una indemnización total (según los cálculos realizados por sus servicios jurídicos) de 169.583 euros entre todos. En la sentencia queda especificado que la opción debe comunicarse mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría del citado Juzgado de lo Social en un plazo máximo de cinco días. De no hacerlo se entenderá que el empresario opta por la improcedencia del despido y la readmisión de los cinco vigilantes.
Lo cierto es que el problema de los trabajadores de vigilancia y seguridad del ISM de Bamio empezaron ya hace meses cuando la empresa empezó a adeudarles el pago de varias de sus nóminas. Fue el 31 de marzo cuando el director del Centro Nacional de Bamio remitió un correo a Mersant anunciándole el fin del contrato que tenía con la misma. De hecho al día siguiente parte del personal del Centro de Formación Marítima de Bamio impidió la entrada de los vigilantes al recinto, informándoles de que Mersant ya no tenía ese servicio y sin que la propia empresa hubiese informado a sus trabajadores de tal circunstancia. El 31 de marzo esos mismos trabajadores fueron dados de baja en la Seguridad Social. Al impago de los salarios –cuya reclamación de cantidades también está en manos de los juzgados– hay que sumarle también que la empresa no había abonado las vacaciones devengadas.
Tras llevar varios meses sin cobrar los vigilantes decidieron iniciar concentraciones para intentar que la empresa les pagase. Sus reivindicaciones –al ser estas en un edificio que pertenece a la administración– llegaron al Pleno de la Corporación de Vilagarcía en donde recibieron el apoyo de los partidos. Sin embargo su verdadera lucha –y ahora primera batalla ganada– se libró en los juzgados. Por ley los trabajadores deberían ser subrogados por la empresa que –en un plazo máximo de un año– fuese contratada por la administración para el servicio de vigilancia en el edificio de Bamio.
Tras conocer el contenido de la sentencia desde Alternativa Sindical han criticado duramente el papel que la administración ha jugado en todo este conflicto laboral. De hecho entiende el sindicato que debería haber actuado de forma rápida, eficaz y contundente contra empresas como Mersant porque “su pésima gestión lleva a las familias a situaciones muy graves”.
Representantes sindicales siempre han criticado la forma de actuar de la propia empresa y también de la administración, al entender que esta debe ser garantista de las firmas que contrata y de que están cumpliendo debidamente con los pagos a su plantilla. Un seguimiento y control que no se ha hecho con las consecuencias sabidas.
