Los Lantero pedirán “responsabilidades económicas” si no se cumple con el convenio urbanístico

Los Lantero pedirán “responsabilidades económicas” si no se cumple con el convenio urbanístico
Algunos miembros de la familia Lantero y sus asesores en una comparecencia anterior | gonzalo salgado

La familia Lantero reclama al Concello que cumpla con el convenio urbanístico que se firmó sobre los terrenos de Rosalía de Castro, donde se asentaba la antigua fábrica. Lo hacen con un as en la manga: La firmeza de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, precisamente, obliga a Ravella a realizar este trámite.


La familia defiende que el proyecto presentado para esta parcela se ajusta “escrupulosamente a día de hoy a las exigencias de la actual Ley del Suelo de Galicia”. Por ello, espera que “impere el sentido de la responsabilidad” y el Concello “dé cumplimiento al mandato judicial”, así como al acuerdo firmado hace 18 años.


“A pesar de la menor complejidad del procedimiento de modificación puntual del Plan General, el Concello se ha negado a llevarla a cabo, no solo de forma contraria al derecho, sino también irresponsable”, señalan los Lantero en un comunicado.


La familia considera que esta actitud ocasiona daños a la ciudad, “perpetuando las antiguas instalaciones en desuso” e impidiendo la “creación de nuevas dotaciones públicas” y “el desarrollo de la actividad económica derivada de la construcción de viviendas”.  Además, advierte de las “relevantes responsabilidades que esa decisión” (la de no tramitar el convenio) puede “acarrear para el municipio, que se agravarán si no se pone fin al incumplimiento”.


Sentencia firme


La familia Lantero hace hincapié en diversos aspectos de la sentencia del TSXG. En primer lugar, que ni en este fallo como en el anterior del Contencioso, que confirma el alto tribunal, “se cuestiona el volumen de edificabilidad de los terrenos de la antigua fábrica” y que “simplemente se señala que debe cumplir la necesaria observancia de la normativa vigente, como no puede ser de otro modo”.


Además, los Lantero destacan la palabra en la que precisamente basó su recurso el Concello: La “inacción” de la administración municipal. Un hecho que para la familia queda demostrado en dos ocasiones. La primera, cuando en 18 años no se tramitó un convenio “que debería haberse hecho efectivo en dos”.


La segunda, y que se achaca precisamente al ejecutivo de Alberto Varela y, en concreto, a la Concellería de Urbanismo de Paola María, que “cuando, en su momento, el gobierno local envió a la Xunta de Galicia el borrador del Plan General para su evaluación ambiental, el convenio de Lantero no figuraba en él”, señala la familia, que lo considera una demostración de “la no voluntad” del ayuntamiento.


Los propietarios de los terrenos no aceptan los términos de “hipoteca” o de “herencia envenenada” para un convenio que, dicen, “contempla un gran proyecto de regeneración urbana para la ciudad, con los más altos estándares de calidad, a la altura del lugar en que se ubica”.


Intento de acuerdo


Los propietarios de los terrenos también hacen un repaso de lo sucedido antes de llegar a los tribunales. En este sentido, recuerdan que ellos cumplieron con su parte del pacto, comprando suelo en el polígono de O Pousadoiro y trasladando la fábrica, lo que supuso “un esfuerzo inversor de 43 millones de euros”. Además, realizaron retranqueos y “considerables cesiones” de cerca de 8.500 metros cuadrados, “lo que supone el 30,7 por ciento” de la suma de las dos parcelas.


La familia revela que, tras la “persistente inacción” de los sucesivos equipos que pasaron por Ravella, incluso se mostraron dispuestos a “hacer nuevas e importantes renuncias”, como una notable reducción de la edificabilidad. Pero el acuerdo no fue posible, dicen, “debido a la exigencia por parte del Ayuntamiento de dejar previamente sin efecto el convenio de 2004, antes de formalizar un nuevo convenio definitivo que lo sustituyese, algo que a todas luces resulta inadmisible, máxime después de los reiterados incumplimientos” de casi dos décadas. Por ello, acabaron recurriendo a la justicia, que les ha dado la razón. 

Los Lantero pedirán “responsabilidades económicas” si no se cumple con el convenio urbanístico

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