viernes 18.10.2019

El Supremo obliga a Ravella a abonar 230.000 euros a Porto Rey por su finca

Una sentencia del Tribunal Supremo tumba los recursos de casación presentados por el Concello y por Enrique Porto Rey por la expropiación de la finca de este último y zanja un conflicto que lleva más de seis años judicializado.

 Los terrenos están situados frente a la estación de ferrocarril y al lado del portalón de la terminal de autobuses | g. salgado
Los terrenos están situados frente a la estación de ferrocarril y al lado del portalón de la terminal de autobuses | g. salgado

Una sentencia del Tribunal Supremo tumba los recursos de casación presentados por el Concello y por Enrique Porto Rey por la expropiación de la finca de este último y zanja un conflicto que lleva más de seis años judicializado.
El fallo, que es firme, obliga a la administración municipal a abonar 230.000 euros al que fue director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid por la finca situada frente a la estación de tren y al lado del portalón de la de terminal de autobuses.
Asimismo, el auto del Supremo rechaza otro recurso de casación presentado por el propietario de los terrenos, que reclamaba 1,6 millones de euros por la expropiación de la finca, que funciona como vial de acceso a unos edificios. El fallo confirma la sentencia del TSXG, que a su vez ratificaba el justiprecio fijado en octubre de 2012 por el Xurado de Expropiación de Galicia.
El Concello, que ya informó que agotaría las vías legales para evitar pagar a Porto Rey, argumentó que “el propietario de la finca había llevado a cabo actuaciones urbanísticas encaminadas a crear fraudulentamente la apariencia hacia terceras de que su finca había sido incorporada al dominio público”.
La sentencia considera, por el contrario, que las segregaciones realizadas por Porto Rey se ajustaban a la ley de entonces y que, de hecho, estarían avaladas por el Concello cuando “concedió licencias de edificación a las viviendas de atrás”.
En este sentido, la sentencia buscaba precedentes en un caso similar que sucedió en Pontevedra y en el que el mismo TSXG dio la razón a un particular que promovió la expropiación de su finca ante la “inactividad” del Cocnello, en este caso el de la capital de provincia. El fallo reconoce que la ley en las que se amparan las segregaciones de Porto Rey era “anticuada y disconforme con lo que idealmente debería ser una ciudad moderna”, pero conforme a la ley, al fin y al cabo.
Todos estos argumentos han sido confirmados por el Tribunal Supremo, que además condena en costas al Concello de Vilagarcía. La Xunta de Goberno Local aprobó depositar en la cuenta del organismo estatal la cantidad de mil euros.

Telecomunicaciones
Por otra parte, la Xerencia de Urbanismo debatirá en su próxima sesión una sentencia del TSXG que anula un artículo y tres disposiciones transitorias de la ordenanza de telecomunicaciones del Concello de Vilagarcía, al considerar que excede las competencias municipales e invade las estatales. El fallo del tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la compañía Telefónica Móviles España S.A., que pretendía anular seis artículos más que, sin embargo, el fallo consolida. La ordenanza fue publicada en febrero de 2014, durante el mandato del conservador Tomás Fole, con la intención de regular la instalación en el municipio de antenas de telefonía. Desde Ravella destacaron que el sentido del texto sigue intacto.

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