Castro de Elviña

Los propietarios de los terrenos del Castro de Elviña, han tenido que sufrir 57 años, para que se les reconociese su derecho a un precio justo por sus terrenos que han sido expropiados entre 2001 y 2005 a un precio irrisorio, ahora toca hacerse cargo de la minuta que el Tribunal de Justicia ha dictado contra las malas praxis interpretativas de las corporaciones municipales. Todo da inicio en 1962, en que el Castro es declarado como Bien de Interés Cultural, lo que ponía serias dificultades a sus propietarios a la hora de tomar decisiones sobre aquellas propiedades y en esta situación se mantuvo hasta 1998, momento en que se aprueba el nuevo PGOM y es cuando se prevé poner en marcha el plan de expropiación forzosa.

Los vecinos protestan y presentar recurso y aquel plan queda paralizado hasta el año 2001 en que dan inicio las expropiaciones dentro del denominado Plan Especial vigente, decidiendo el pago de 11,73 euros metro cuadrado, como terreno de labradío. Pero la sentencia de TSXG del año 2010, obliga a valorar no solo, el suelo, sino también los bienes arqueológicos, siendo finalmente el precio más razonable el de 50 euros metro cuadrado. Pero el Ayuntamiento, siguió en lo suyo de valorar los terrenos como había dicho en principio y dar valor cero a los restos arqueológicos, fallando de nuevo el Supremo en 2018 a favor de los vecinos nuevamente y echando por tierra los argumentos municipales y en febrero de este mismo año 2019 el Tribunal Supremo, carga contra el Ayuntamiento que debe indemnizar a los propietarios con 14,5 millones de euros, que se componen de una partida de 9,1 millones a los vecinos por la diferencia del precio valorado y otros 5,4 millones más por las costas del pleito e intereses de demora.

Ahora viene la sorpresa, que el Ayuntamiento en su mala gestión a lo largo de este mandato, no hizo público en su debido tiempo la asunción de haber sido notificado fehacientemente del fallo del Alto Tribunal y salir a la luz pública por otros derroteros. La municipalidad actual no es la culpable de ese desaguisado, pero no se comprende su falta de transparencia en este tema en concreto. Ni creo que a los vecinos les haya gustado su forma de actuar en este asunto que va para largo y todavía no saben cuando cobrarán, no desde luego con esta corporación.

También hay que saber de dónde saldrá este montante de dinero y quienes son los culpables y responsables de ello y quién va afrontar el pago exigido por la Justicia. ¿Será el contribuyente como es costumbre o recaerá sobre los que decidieron que se hiciese como resultó?  No este el único caso pendiente de que el Ayuntamiento decida su abono, hay más temas escabrosos que pueden llevar al municipio a la bancarrota y todavía pendientes después de largos años en los juzgados con sentencias adversas y recurridas.

Habrá que comenzar a exigir responsabilidades políticas, económicas y penales, para los causantes de todo este asunto y de los que puedan sobrevenir, no es posible que se marchen de rositas y sea el ciudadano a través de sus impuestos, los que paguen esas consecuencias, no es razonable ni justo.