viernes 21.02.2020

REFORMAS UNIVERSITARIAS

El presidente del Consejo social de la Universidad de A Coruña

El presidente del Consejo social de la Universidad de A Coruña, Antonio Abril, ha aprovechado la presentación de la Memoria anual de la institución para glosar las grandes líneas de un informe sobre la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español que hasta el momento había pasado un tanto desapercibido.
Se trata de un documento elaborado a petición del Gobierno por una Comisión de expertos independientes,  que plantea a lo largo de sus ochenta y cuatro páginas una serie de propuestas encaminadas a configurar  unas Universidades más autónomas y operativas y, por tanto, más competitivas y excelentes.
A juicio de la Comisión,  el sistema universitario español requiere una profunda reforma para cumplir adecuadamente dos tareas básicas: la formación de la juventud y la generación de nuevas ideas y conocimiento como fuente de crecimiento económico. Tenemos muchas Universidades: 50 públicas y 31 privadas, pero ninguna entre las doscientas primeras del mundo.  Tenemos 236 campus,  que ofrecen 2.541 grados universitarios, 2.392 másteres oficiales y 1.751 doctorados. Y aunque en materia de  calidad de la formación las comparaciones internacionales son difíciles de establecer, parece indudable que la formación superior no facilita a los alumnos españoles alcanzar un puesto de trabajo acorde con su titulación.
No en vano,  entre los países de la Unión Europea, España presenta la menor tasa de empleo adecuado al nivel de estudios para titulados con educación terciaria: el 53 por ciento, porcentaje sólo igualado en el continente por Turquía y trece puntos por debajo de la media de la en su momento UE27. Una elevada tasa de subempleo que –todo hay que decirlo- no se debe cargar sobre el chivo de la crisis.
Pues bien, la mencionada puesta en alto de tales reflexiones por parte del presidente del Consejo social de la UDC, no gustó mucho al estamento universitario, que al menos aquí, en el campus coruñés, reaccionó autodefendiéndose, cuestionando determinadas alternativas e  incluso pidiendo la dimisión del mensajero. Así, Antonio Abril se vio obligado a aclarar que la propuesta de los expertos no era una propuesta del Consejo social de la UDC ni una propuesta concreta para ella.
No obstante, no hubiera sido malo que la Universidad coruñesa y el propio sistema gallego se hubiesen dado en mayor medida por aludidos y cuestionados. La primera, porque, según un reciente estudio de la Fundación BBVA, ocupa últimos lugares en cuanto a productividad;  es decir, entre aquéllas Universidades que con los mismos recursos obtienen, por ejemplo, más citas en sus publicaciones, mayor número de patentes o menores tasas de abandono. Y el segundo, porque en ranking similar por comunidades autónomas Galicia se encuentra en octava posición,  cinco puntos por debajo de la media española. Como para no tomar nota.

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