Votos y vetos

Con casi nocturnidad y alevosía el Partido Socialista introdujo una enmienda en una proposición de ley sobre formación de los jueces para mejorar la lucha contra la violencia de género que le permitiría una reforma exprés de la ley de estabilidad presupuestaria, sortear el probable rechazo del Senado al techo de gasto pretendido, poder así sacar adelante las cuentas públicas del año que viene con un mayor margen presupuestario, y con este su proyecto clave en el bolsillo continuar en el poder hasta el final de legislatura o hasta cuando convenga.
Por muy rocambolesco y forzado que parezca, no se trata en esta ocasión de otro globo sonda,  de un nuevo exceso de locuacidad por parte de algún ministro o  de una elucubración político mediática más o menos fundada. No. Se trata de un reconocimiento expreso por parte del propio Gobierno de que esa es la efectiva pretensión de la maniobra parlamentaria urdida. Y como tal fue defendida y tomada en consideración en el pleno del Congreso del martes. La iniciativa pretende  que el eventual rechazo del Senado deba volver a la Cámara baja para allí poder ser levantado por mayoría simple.
Alega que es perfectamente legal y que ya ha tenido el visto bueno  del Tribunal Constitucional en situaciones similares precedentes. Será, sí,  todo lo que se quiera que sea, pero a ojos de juristas   expertos e incluso del ciudadano de a pie medianamente informado, se trata de un manifiesto  fraude de ley.  
Echar mano de tal pasarela para cuestiones en nada relacionadas entre sí supone un golpe de mano carente de legitimidad. Es de creer que en virtud del inevitable recurso por parte de PP y Ciudadanos, el tema llegará a la mesa del TC. Pero es muy probable también que cuando el alto tribunal resuelva, los hechos se habrán irremediablemente consumado. 
Y es que están dispuestos a lograr sus propósitos –lo llaman gobernar– como sea. Bien sabían que no tienen votos propios y sí vetos ajenos en relevantes decisiones. Pero ellos siguen adelante, bien echando mano fuera de toda justificación de los decretos-ley, forzando la oc/kupación de instituciones como RTVE (en medio del cómplice silencio institucional de la profesión periodística), o bien teniendo que pactar con sus ocasionales y variopintos socios exigencias crecientes y difícilmente digeribles. 
Si una ley estorba, lo justo y democrático es acometer su reforma por los procedimientos y cauces establecidos. Pero tienen tantas ansias, tanta osadía y tanta prisa que, si es preciso, se saltan la norma sin rubor alguno. O la fuerzan hasta niveles insoportables. En ocasiones se conforman con hacer ruido. También les vale. No sé con todo si no les debería ser de aplicación lo que el rotundo expresidente Aznar le soltó sin contemplaciones el otro día al líder de Podemos: ustedes son un peligro para la democracia.