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Unidas contra Montero

Lamentablemente, su titular, Irene Montero, no solo no ha promovido ninguna política de igualación fraterna y ante la ley entre hombres y mujeres, de esas que convocan a aquellos a despojarse de los harapos machistas y a éstas de los atavismos que aún las encadenan, sino que con lo poco que ha hecho ha conseguido que la mayoría de sus propias correligionarias la aborrezcan.Dirigir todo un flamante Ministerio de Igualdad para tontear con la aberrante idea de que la prostitución es un trabajo, y no, cual es en realidad, la peor forma de explotación, esclavitud y cosificación de la mujer, para reducir el complejo mundo de las relaciones heterosexuales a la puerilidad del sí, sí, sí, para amparar eslóganes como el de “Sola y borracha quiero llegar a casa” que más parece patrocinado por una empresa alcoholera que por el decoro intelectual, o para sacarse de la manga, como asunto de máxima prioridad y transcendencia, una Ley de Transexualidad de barra libre, es un gasto, y no solo económico ni principalmente, que lo mismo no nos podemos permitir.La Confluencia Movimiento Feminista, que agrupa a unas 30 organizaciones y a personas vinculadas con el propio partido de la ministra, ha dicho hasta aquí hemos llegado con esas ocurrencias que ni consulta ni somete a debate público ni interno, y ha pedido al presidente del Gobierno que la destituya o que, directamente, suprima ese Ministerio de Igualdad que parece no servir para maldita la cosa, salvo para cargarse lo de Unidas Podemos, ese nombre de apariencia feminista que esconde una vena autoritaria y sectaria que mal se compagina con el feminismo de verdad, de raíz humanista.

La Xunta elevará una queja formal al Ministerio por difundir un documento sin cerrar sobre las medidas de Semana Santa
La Dirección Xeral de Saúde Pública elevará una queja formal al Ministerio de Sanidad tras difundir un documento sin cerrar sobre las medidas y recomendaciones que están discutiendo las comunidades autónomas y el Gobierno central para Semana Santa, todavía está pendiente de ratificarse en el Consejo Interterritorial de Salud de la próxima semana.
Trabajo envía 45.000 cartas para revisar la situación de empleadas del hogar

La Inspección de Trabajo ha remitido 45.000 cartas a personas que tienen empleados del hogar para que, en caso necesario, regularicen sus salarios y cotizaciones, algo que ha sido bien acogido por representantes de estos colectivos que, no obstante, lo consideran insuficiente y que llega con retraso.El Ministerio de Trabajo quiere abordar la situación salarial y de cotizaciones de un colectivo formado por 381.082 empleados, casi todos mujeres, para lo que se está dirigiendo a sus empleadores informándoles del salario mínimo vigente y de las cotizaciones que, por lo tanto, tienen que abonar en función de su jornada.Tal y como recuerda la Seguridad Social, el salario de una jornada completa es de 950 euros al mes en 14 pagas (1.108,33 euros al mes si se prorratean las pagas extras), lo que significa que, en las jornadas por horas, se debe abonar 7,43 euros la hora.Esta campaña supone, además, un paso para atajar la situación de economía sumergida que se da en esta actividad, ya que, según la encuesta de población activa (EPA), hay 563.100 personas trabajando en el empleo doméstico, por lo que una de cada tres no estaría dada de alta en la Seguridad Social.Fuentes del Ministerio de Trabajo explican a Efe que se trata de la primera remesa de cartas, que luego se ampliará, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del sector, para lo que se va a facilitar también la presentación de comunicaciones anónimas, a través del buzón de la Inspección.INSUFICIENTE Y CON RETRASOLos sindicatos y asociaciones del sector valoran la iniciativa aunque la ven insuficiente y subrayan que llega con retraso.Así, la responsable de Migraciones de UGT, Ana María Corral, cree que las misivas deberían enviarse también a las empresas de trabajo temporal o plataformas digitales que intermedian en la contratación de empleadas del hogar.Para el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, esta campaña llega, además, con un año de retraso, puesto que el salario mínimo se elevó a 950 euros en 2020, de forma que muchos empleadores pueden llevar al menos un año sin actualizar los sueldos de sus trabajadores.En algunos casos la campaña podría hacer necesaria la visita al lugar de trabajo de la Inspección, lo que podría conllevar problemas por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, según explica a Efe la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca.No obstante, la Inspección encuentra la manera de hacer su trabajo, recuerda la responsable de UGT, ya que convoca a empleador y empleada fuera del hogar o, incluso, interroga a testigos como vecinos.Esta campaña es positiva para la Asociación para la defensa de los y las trabajadoras del hogar y los cuidados (Sedoac) que está a favor de utilizar los mecanismos legales que faciliten el pago y cotización correcta, de forma que se garanticen "cuidados de calidad con un salario que, por lo menos, sea el mínimo legal".En su cuenta de twitter Sedoac asegura, no obstante, que seguirá luchando para tener los mismos derechos que el resto de trabajadores: estar amparados por una ley de prevención riesgo laboral, prestación por desempleo y cotizar por su salario real.Y es que las empleadas del hogar cotizan en un sistema especial, dentro del régimen general, y no tienen los mismos derechos ni obligaciones que el resto de trabajadores, como una prestación por desempleo, y cuya equiparación debería haberse producido ya pero se ha retrasado a 2023.De hecho, la prestación por desempleo para este colectivo es el principal escollo para que España pueda suscribir el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo doméstico, que ya han ratificado 25 países como Alemania, Italia o Portugal.Para la responsable de UGT, es imprescindible que los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social abran una mesa de diálogo social para negociar esta equiparación.