Ahora sí. El Tribunal Supremo ha hecho firme la victoria del bodeguero Carlos Rey Lustres contra el gigante Codorníu. La gran firma pleiteaba contra la bodega meañesa, que en 2015 registró en la Oficina de Patentes la marca “Anadigna” para vender su primer vino, un albariño monovarietal. El recurso del gigante supuso la retirada de la autorización que la firma meañesa había conseguido, iniciándose una larga batalla judicial que ahora termina, en favor de “el David gallego”, que ha conseguido “noquear al Goliat de los espumosos”, valoraban ayer.

Con el registro de la marca “Anadigna” hace cuatro años, el bodeguero quería rendir homenaje a su abuela, así llamada, puesto que la uva se cultivaba sobre la finca que un día le había pertenecido a ella. Tras el registro, tanto Codorníu como Pagos del Rey recurrieron, alegando la supuesta similitud del nombre elegido con otras marcas previamente registradas: “Ana de Codorníu” y “Analivia”, de Pagos del Rey. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya había dado la razón al saliniense cuando en 2017 fallaba que el parecido no era suficiente “para producir confusión en el mercado”.
Pero Codorníu presentó un nuevo recurso ante el Supremo, que ahora ha acordado su “inadmisión”, certificando que existe jurisprudencia suficiente para acreditar que no hay riesgo de confusión entre las referidas marcas. Condena a Codorníu, además, al pago de costas, hasta un máximo de quinientos euros.

El bodeguero podrá vender este año la primera añada del vino “Anadigna”, cosecha de 2018. Por el camino tuvo incluso que llevar el libro de familia para probar que el nombre elegido era, efectivamente, el de su abuela.

Ahora, hace balance de este periplo judicial. “Yo he podido ir al juzgado y esperar todos estos años a que se solucionase, porque la bodega no es mi principal fuente de ingresos, pero estos procesos pueden hundir a una pequeña empresa que comienza un proyecto con más ganas que recursos económicos”, valora.

Detalla, además, el perjuicio causado, ya que el bodeguero no solo tuvo que afrontar los costes derivados del proceso legal, sino que cuando le denegaron el uso de la marca para cuyo uso le habían dado inicialmente autorización, se vio con tres mil botellas etiquetadas y empaquetadas que no pudo sacar al mercado.