Todos los procesados en el marco de la denominada ‘Operación Abuelo’ por pescar con dinamita ratificaron ayer ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra un acuerdo alcanzado con la Fiscalía que les evita ir a la cárcel.
Los siete acusados, dedicados profesionalmente a la pesca, reconocieron que adquirían, poseían y almacenaban diverso material explosivo con la finalidad de utilizarlo en la campaña de la sardina de junio del 2010. Todos ellos carecían de autorización, ya que es una práctica ilegal, al tiempo que ponían en riesgo la seguridad pública.
En cualquier caso, este reconocimiento de los hechos supuso la rebaja de la petición de condena que planteaba el Ministerio Público que pasa de los cinco años de prisión solicitados inicialmente a los dos años.
Los procesados son el suministrador del explosivo, el jubilado de Arbo José Manuel López Puga; el armador y el patrón del buque ‘Andreu III’ de Vigo, Jorge Sobral Abreu y Jorge Sobral Cabaleiro; el armador y el patrón del ‘Nuevo Diego David’ de Vigo, José Antonio Tizón Ferreira y Diego Tizón Veiga; un armador de O Morrazo, José Manuel Graña y el marinero del ‘Playa de Portonovo’, Manuel Soto Freitas.
También estaba acusado, José Jesús Deza Castro, el patrón del ‘Playa de Portonovo’, pero falleció recientemente.
 La ‘Operación Abuelo’, dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Cambados, culminó con la mayor redada contra el uso indiscriminado de dinamita en la pesca de sardina, en la que se incautaron 113 kilos de explosivo en Vigo y Portonovo.
En el relato de los hechos que recogía el escrito de acusación, el fiscal afirmaba que la dinamita entraba de manera fraudulenta desde Portugal.
La investigación de la Guardia Civil, que incluyó escuchas telefónicas y vigilancia de coches, barcos y domicilios, culminó en vísperas de la noche de San Juan del año 2011 con la detención de una docena de personas en Vigo, Cesantes y Portonovo y la incautación de 120 kilos de explosivo Riodín, fabricada por Maxam en Burgos.
Señalaba la Fiscalía que los acusados José Manuel López Puga y José Manuel Graña Acuña, actuaban como proveedores, adquiriendo los explosivos para vendérselos al resto de armadores.