La central sindical decidía formalizar el recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública al entender que dicho pliego podría vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público, estableciendo un importe base de licitación en al menos un 20 % por debajo del valor real del contrato, tal y como estimaban desde la Unión General de Trabajadores.
Argumentaba el sindicato que para el cálculo del precio se habían usado las tablas salariales de 2009 del convenio del sector, pero sin aplicar una posterior sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y un acuerdo de la Comisión Paritaria del convenio. Ello supondría que no se incluían diversos costes salariales que provocarían una diferencia de, al menos, 37.808 euros sobre los 199.840 fijados en el pliego como importe base.
Tras conocer el recurso, se emitieron informes en el Ayuntamiento por parte de la concejala de Servizos Sociais y otro conjunto por el secretario general y el interventor, concluyendo que en vista de lo alegado cabía desistir del procedimiento tal y como se había iniciado. l