La Xunta acusa al Gobierno y a Audasa de “actuar unidos en contra de los intereses de los gallegos”

Uno de los viaductos de la autopista gallega | aec
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La Xunta acusó al Gobierno central y Audasa, concesionaria de la AP-9, de “actuar unidos en contra de los intereses de los gallegos” después de que la compañía haya solicitado a la Administración autonómica el abono de las bonificaciones por los peajes de Rande y A Barcala en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2020.

En un comunicado el Gobierno gallego, censura que “dos semanas después” de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “reclamasen directamente” a la Xunta que haga frente a estas cuantías, la concesionaria se haya dirigido a la Administración autonómica para exigir lo mismo.

La Xunta aporta el documento en el que Audasa solicita las bonificaciones por la supresión del cobro de los “peajes en sombra” en los trayectos Vigo-O Morrazo y A Barcala-A Coruña.

La Administración gallega pone el foco en que el Consejo de Estado dictaminó que estos peajes suponían para Audasa “un enriquecimiento injusto” que la Xunta ve respaldado por el Gobierno de España.

 

Subida del precio

“Está apoyando que ese enriquecimiento se mantenga y lo haga, además, con dinero de los gallegos”, añade la Xunta, que recuerda la subida de peajes en la Autopista del Atlántico de principios de año.

“El Gobierno de España autorizó esa nueva subida sabiendo que el Consello Consultivo de Galicia la considera nula de pleno derecho y a pesar de que en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se prevé anular esa subida y bonificar la autopista”, incide el Gobierno autonómico.

Así las cosas, califica de “broma de mal gusto” que Estado y Audasa “actúen de forma conjunta y reclamen a la Xunta el pago a la concesionaria de las bonificaciones” de estos peajes “cuando hay un acuerdo cerrado entre el Gobierno y la Xunta del año 2018 por el cual la Administración autonómica dejaba de cofinanciar la bonificación del peaje de esa autopista estatal”.  

La nueva disputa llega en una semana en la que el PSOE y el BNG también se enfrentaron a cuenta de los peajes de la autopista. Así, el coordinador de los socialistas gallegos en el Senado y presidente del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, consideró necesario tener “un poco de paciencia” en relación a las negociaciones del Gobierno con Audasa para conseguir un buen acuerdo sobre la rebaja de los peajes de la AP-9, que permita dar una solución hasta que finalice la concesión en el año 2048. “El presupuesto fue aprobado hace menos de 15 días y ahora se pide que al día siguiente esté esto ya resuelto. La única forma de resolverlo es firmar debajo de lo que ponga delante la empresa y eso no es bueno para Galicia, no es bueno para los gallegos, ni siquiera para los usuarios de la AP-9”, señaló Leicegada, que advirtió de que se trata de “un problema que tiene casi 30 años por delante”.

Además, criticó que “en ocho años de Gobierno de Rajoy” el Partido Popular “no tuviese ninguna prisa” para solucionar este asunto mientras que ahora critica “dar unos meses para que se haga en buenas negociaciones” cuando es “lo más sensato y razonable”.

Por último, atribuyó las críticas de los nacionalistas gallegos a este proceso de rebaja al hecho de que el Bloque “no quiso estar en la negociación” de los PGE. “Si estuviese estaría más cómodo con esta situación pero ahora tiene que mover los brazos y hacer mucho barullo para intentar tapar ese error”, consideró.

Mientras, el diputado del BNG, Néstor Rego, salió al paso de la petición de “un poco de paciencia” a los nacionalistas sobre la negociación con Audasa para bonificar los peajes en la AP-9, y recordó a los socialistas que “Galicia ya ha tenido paciencia de sobra” con todo lo que respecta a la autopista.

Néstor Rego reiteró que “no se entiende” que el Gobierno central no haya cumplido el acuerdo de investidura, aplicando las bonificaciones en el peaje de la AP-9 y suprimiendo la tasa entre Vigo y Redondela, cuando “hay partidas en los Presupuestos Generales del Estado”.

La Xunta acusa al Gobierno y a Audasa de “actuar unidos en contra de los intereses de los gallegos”