Adrián Ferro Couto, uno de los cuatro acusados por el crimen del embalse del Umia, en el que murió el morañés Enrique Monteagudo Caldas (“Lucho”), reconoció ayer que estaba presente en A Pontenova en el momento del asesinato, sobre las 15:30 horas del 22 de julio de 2010, pero culpó a los otros tres encausados de haber ejecutado el asesinato. Adrián, vecino de Cuntis, fue el único que ofreció una versión de cómo murió “Lucho”, ya que los estradenses Borja Coucheiro Sanjurjo, Héctor Vázquez Liste (apodado “Ziritione”) y Jesús Piñeiro Mera (conocido como “Chicho”) negaron cualquier relación con los hechos y afirmaron que ni siquiera conocían a la víctima. Para cada uno de ellos la Fiscalía y la acusación particular piden veinte años de cárcel por asesinato.
Fue Adrián quien, el día anterior al crimen, citó telefónicamente a Enrique Monteagudo a orillas del embalse, en una zona apartada en la que, según la fiscal, eran frecuentes los trapicheos de drogas. Adrián, que solo respondió a las preguntas de su abogado, declaró ante el tribunal popular que “Borja me pidió que citase” a “Lucho” porque “quería cobrar una deuda de 8.000 euros” que estaría relacionada con drogas. Al día siguiente, siempre según la versión del cuntiense, los cuatro acusados se trasladaron a A Pontenova en un coche que “conducía Ziritione. Atrás iban Borja y Chicho” y Adrián como copiloto. Reunidos todos en el punto de encuentro, el fallecido “se encaró con Borja y discutieron. Chicho sacó de detrás de la espalda una barra de hierro y le dio un primer golpe en la nuca”. La víctima cayó al suelo, “era como si respirara, como si agonizara”, por lo que “después le dio otro golpe en la frente cuando ya estaba en el suelo. Cuando Borja le mandó, Ziritione hizo lo que faltaba y le cortó el cuello”. Entre Jesús y Héctor habrían arrastrado el cadáver unos “siete u ocho metros”. Entre varios objetos de hierro que la Guardia Civil halló en el registro de la caravana en la que residía Chicho, Adrián reconoció la barra con la que este habría agredido a “Lucho”. Indicó que en sus declaraciones iniciales no había contado este relato porque Borja “amenazó a mi novia y a mi madre con que las mataría si hablaba”. De Adrián Ferro dijo su abogado que “es la única persona que puede arrojar luz sobre lo ocurrido” en A Pontenova y se mostró “convencido de que el autor (del asesinato) está en esta sala pero no es Adrián”.
Al relato de Ferro Couto dan credibilidad tanto la Fiscalía como la acusación particular. La representante del Ministerio Público, que calificó el asesinato como “repugnante” porque a Enrique Monteagudo “le reventaron literalmente la cabeza”, afirmó en su exposición inicial que Adrián “movía droga para Borja” y que “Héctor era el lugarteniente o mano derecha” de Coucheiro. De Jesús dijo que “era la persona que acompañaba a Borja para llevar a cabo sus trabajos sucios”. La fiscal aseguró tener “el convencimiento pleno de que estos cuatro señores son culpables” y aseguró que el posicionamiento de sus móviles los delatan, ya que en los instantes previos y posteriores al asesinato los teléfonos habrían activado el repetidor de Afieiras, en Moraña, municipio que limita con el lugar A Pontenova (Cuntis).
Borja, Héctor y Jesús negaron esta versión y afirmaron que el 22 de julio de 2010 no estuvieron en A Pontenova. Que apenas tenían relación con Adrián (en algunos casos no lo conocían) y tampoco con la víctima. Borja aseveró que “ni traficaba con droga ni conocía al chaval ese (refiréndose a “Lucho”) de nada, ni de vista”. Por momentos con una actitud altiva, dijo que “no creo” que el día del crimen quedase con Adrián, al que sí reconoció que había amenazado. “Le mandé indirectas a través de amigos”, con frases como que “iba a ir a por él y darle unas hostias”. Pero sostiene que estas advertencias no guardaban relación con el crimen sino con “el dinero que me debía”, ya que el cuntiense le habría “timado” 600 euros con la venta de una sustancia estupefaciente. También reconoció que solía llevar encima spray pimienta, argumentando que “compré dos, uno para mi novia y otro para mí. Como quien compra unos zapatos”. El abogado defensor de Coucheiro cargó contra la instrucción realizada en los Juzgados de Caldas, tildándola de “un auténtico desastre. Se obviaron pruebas y se centraron en indicios sin validez”. Este letrado se refirió a Adrián Ferro como “un mentiroso compulsivo” y dirigió sus sospechas hacia dos vecinos y amigos del cuntiense, Esteban Senín y Rubén Miranda, que estuvieron también detenidos como supuestos encubridores del crimen pero que, finalmente, no fueron acusados (ambos declararán como testigos). Así, afirmó que Adrián decidió inculpar a su cliente porque ambos “tenían enemistad” y porque el cuntiense trataba de “ocultar el papel de sus amigos y vecinos”.
Héctor Vázquez, por su parte declaró que “eu non matei a ninguén nin amenacei a ninguén nunca” y que “non vendía droga nin para Borja nin para outros”. Su abogado, el mediático José Luis Gutiérrez Aranguren, describió a su cliente como una persona ejemplar que “jamás tuvo un problema con la policía, la justicia ni las drogas” y dejó entrever que el móvil del crimen sería “un dinero que Enrique le debía a Adrián”, al que se refirió también como “un mentiroso”. La fiscal le sacó a relucir el caso de Asunta Basterra, en el que Aranguren defiende a Rosario Porto, al replicar que “las personas de mejor apariencia y reputación son capaces de cometer los crímenes más repugnantes, como matar a su hija”. Aranguren recordó que su defendido se sometió “voluntariamente” a la prueba de ADN y “nada lo relaciona con los hechos”. Sobre las localizaciones del teléfono móvil, aseguró que “son dos llamadas de la madre” del acusado, aunque después el propio “Ziritione” reconoció que el teléfono era suyo.
Jesús Piñeiro, cuya enfermedas mental provocó que en octubre se aplazara el juicio, negó conocer a Adrián ni al fallecido, y a Borja y Héctor solo de vista, ya que los tres son de A Estrada. “No fui con ellos a ningún sitio”. Declaró que “nunca paraba en Cuntis ni en Moraña”, municipios por los que sí pasaba para ir “a O Vao a por coca”. Explicó que desde los 30 años está a tratamiento psiquiátrico por una dolencia mental “agravada por las drogas”, afirmó su representante legal, que añadió que esto “podría ser causa de exención de responsabilidad criminal”. n