La reforma fiscal que paralizó el Covid-19

Sumergidos en plena pandemia provocada por el COVID-19 nos encontramos que, además de la crisis sanitaria global que supone, esta coyuntura también genera otros efectos colaterales adversos y no menos importantes, como es la recesión económica , con una deuda desbordada y el déficit que está a punto de batir un nuevo récord. Para paliar esta situación solo existen dos vías posibles: recaudar más o reducir el gasto (contraproducente para mantener el Estado de bienestar tan necesario en este momento), un gran desafío para cualquier gobierno, que se va a encontrar con un parte de daños extenso y amargo, y que dejará grandes cifras de paro y aumento de la desigualdad, además de tensionar las costuras que cosen la solidaridad europea.

La fotografía real y actual de España en este momento es que acumulamos una deuda pública equivalente a toda su producción durante un año (100% del PIB), esto añadido a que en los últimos cuarenta años nuestro país ha cambiado: la digitalización, la globalización y las sucesivas crisis, nos lleva a que toca replantearse nuestro sistema fiscal, aunque implantar una consolidación fiscal no sea tarea fácil.

Parece que si algo se ha aprendido de la anterior crisis es que una mayor presión fiscal concentrada en poco tiempo, se traducirá en un castigo a la recuperación. De hecho el presidente del gobierno, tras haber incidido en diversas ocasiones en que la presión fiscal en España es inferior al promedio de la Unión Europea y que entre sus objetivos se encontraba una ambiciosa reforma fiscal que implicaba, entre otras cosas, un alza fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, en el IRPF de las rentas altas, crear Impuestos Especiales y Medioambientales junto con la Tasa Tobin (gravaría la compraventa de acciones de empresas españolas con un valor bursátil superior a 1.000 millones de Euros), la implantación de la tasa Google (que supondría un 3% sobre las entidades digitales que tengan una facturación superior a 750 millones de euros en el mundo y cuyos ingresos en España excedan de 3 millones), así como una reforma del IVA, decide paralizar y posponer este plan de alza fiscal al reconocer que no es el momento, que ahora las prioridades a corto plazo son otras y que se centran en la recuperación económica y fomento de la creación de empleo.

Diversos economistas coinciden en que incrementar la presión fiscal sobre las empresas sería un grave error, al ser éstas las que crean riqueza y empleo. Algunos de los motivos que podemos exponer son los siguientes:

p Muchas empresas en estos meses de confinamiento se han visto obligadas a tomar medidas como la implantación del teletrabajo, medida que permite reducir costes y que además facilita el cambio de domicilio. Las ventajas que aporta el teletrabajo y una subida de impuestos serían motivos más que suficientes para la pérdida del atractivo del país y que inclinaría a muchas empresas a trasladar su sede a lugares con una tributación inferior.

p Otro aspecto económico importante es la economía digital/online; que está adquiriendo cada vez mayor peso en la economía al surgir infinidad de pequeñas empresas innovadoras que operan en internet. Penalizarlas con la implantación de una tasa sería contraproducente para la economía en una época de recesión, en la que, lo que necesitamos es la creación de empresas que generen puesto de empleo para reactivar el crecimiento de la economía.

p Un incremento en el IRPF de las rentas altas y grandes patrimonios junto con la inestabilidad sanitaria generada por el COVID-19 podría provocar la “huída” de las grandes fortunas y con ellas su recaudación tributaria.

Es evidente que con la pandemia y sus consecuencias económicas como telón de fondo, el actual gobierno se ve abocado a posponer la reforma fiscal que tenía proyectada en detrimento de la aplicación de medidas favorecedoras y generadoras del empleo y reactivación de la economía, sin olvidar que una reforma fiscal no depende solo de nuevas normas si no de una conciencia fiscal, recuperando así la confianza del ciudadano en la eficiencia del gasto público, lastrada por los casos de corrupción de España e ineficiencia de algunos servicios públicos.

*María Pérez

Asesora Fiscal en Inter Asesoría