La Audiencia Provincial de Pontevedra dejó ayer visto para sentencia el juicio contra José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y otras cuatro personas a las que el fiscal cree piezas de un presunto entramado de blanqueo de dinero procedente de la droga. El Ministerio Público reafirmó en esta jornada final su petición de penas de seis años de cárcel, al sostener que los encausados habrían lavado unos diez millones de euros, fundamentalmente a través de una sociedad inmobiliaria. 
Por contra, el defensor de Miñanco, Gonzalo Boye, argumentó que la acusación del fiscal se basa en un “relato televisivo”, en una “realidad paralela”, ya que considera que no existen pruebas firmes y que a su cliente se le acusa únicamente “por ser quien es y por sus antecedentes”. “Como es Sito Miñanco, hay que condenarlo porque, si no, se estropea el libro, la teleserie, esto, lo otro. Hay que condenarlo, condenémosle”, criticó el letrado. 

Boye lamentó también que el fiscal no “analizara la realidad” y siguiese adelante con el relato acusatorio del que, reiteró, “no tiene ningún indicio o evidencia” de que Sito Miñanco haya inyectado dinero a la inmobiliaria San Saturnino, bajo la lupa judicial. 

También el defensor de la exesposa de Prado Bugallo, el abogado Alejandro Vega, mantiene la inocencia de su clienta y declaró que era la primera vez en su carrera que se había encontrado con una conclusión “tan pobre, pueril y ridícula” como la que sostiene el Ministerio Público. Argumentó que su defendida “no es una pantalla, ni una mujer florero”, sino una persona que lleva trabajando treinta años sin que su exmarido la mantuviese. En la misma línea, el defensor de una hija de ambos también acusada señaló que la falta de “indicios” le hace pensar en que este juicio pondrá fin de forma absolutoria a “diez años y medio de padecimiento”, ya que insistió en que “no es blanqueo que una nieta reciba una batea de su abuela paterna”. 

Entramado 
Por contra, el fiscal Jesús Calles ha insistido en que la citada inmobiliaria San Saturnino era un “instrumento” creado con el fin de dar apariencia de legalidad a un dinero negro procedente del tráfico de drogas. Esos movimientos habrían traslucido en “operaciones anómalas” que solo podrían justificarse por un lavado de dinero, “al no tener sentido económico”. Aseguró que las propiedades investigadas en los informes tributarios y fiscales “se pagaron con dinero oculto”, procedente de la “actividad delictiva “ de Miñanco, de ahí que mantenga las peticiones iniciales de penas.