Cuando el país empezaba a cerrar la herida de la larga recesión económica un moderado optimismo se apoderó de la ciudadanía y Emma Onandia incluso iba a mejorar sus condiciones laborales. Tenía asegurado un contrato de jefa de cocina; todo un ascenso tras años de asalariada como ayudante en los fogones, camarera... Pero la crisis del coronavirus desbarató sus planes y los de un buen número de personas que, como ella, iban a trabajar en la reapertura de un restaurante ubicado en Alba (Pontevedra). En unas horas entró en un limbo de pesadilla: no tiene derecho a indemnización ni al paro, a pesar de sumar los dos años cotizados de rigor, porque abandonó su anterior empleo de manera voluntaria. “Estoy en una situación muy peliaguda. Tengo ahorros para comer y mirando mucho lo que gasto... He calculado para que nos llegue para este mes y el siguiente, pero claro, eso supone no poder pagar el alquiler, ya he devuelto el recibo del agua y tendré que hacer lo mismo con el resto de facturas; me voy a meter en un lío que no veas”, se lamenta.

“No vengas, no puedo abrir”

El miércoles 11 la suerte aún le sonreía. Su nuevo jefe contactó con ella para decirle que el puesto era suyo y que el viernes 13 tenía que ir a firmar el contrato. Esa misma mañana se lo volvió a recordar: “Ben por la tarde me dijo”, pero entremedias el presidente del gobierno anunciaba que decretaba el estado de alarma para intentar frenar el imparable contagio del coronavirus, con el cierre de cualquier establecimiento que no fuera de primera necesidad y “en la gestoría de mi jefe ya le dijeron que ni se le ocurriera abrir, así que me volvió a llamar y me dijo, no vengas; no puedo abrir”. Así que en cuestión de horas pasó de la alegría por un puesto “que llevaba tiempo esperando” a no tener nada. “No tengo ningún otro ingreso y mi hijo de 19 años está estudiando. Tengo otro en Madrid y un hermano que trabaja en Mercamadrid, así que llegado el caso tendría que pedirle ayuda, pero él tampoco está en la mejor situación porque al cerrar todo a penas venden. Y encontrar ahora algo en hostelería... Ni de broma”, relata. Además, a esta asturiana, que lleva años en Pontevedra, justo se le había ocurrido poner a punto su coche para desplazarse a su nuevo empleo y esos 300 euros le pesan ahora como una losa.

Ayuda a la administración

Muestra desesperación por momentos y “no sé si reír o llorar” porque tampoco encuentra solución en las administraciones. “He estado llamando a los servicios sociales del Concello de Pontevedra para que por lo menos me ayuden con la luz y el agua, pero directamente no me cogen el teléfono; en el Inem me dicen que claro, tengo derecho a paro, pero se amarran a que mi baja del otro puesto fue voluntaria...”.

Onandia desespera porque “ya no sé a quién acudir” y tiene la sensación de que “nadie sabe qué hacer. Se supone que el gobierno iba a inyectar dinero, pero será para las grandes empresas que saben donde se mueven. En la letra pequeña no entramos ciudadanos como yo y hay muchos; para empezar todas las personas que iban a ser mis compañeros”.

Es probable que le guarden el puesto para cuando todo regrese a la normalidad, pero “no tengo nada seguro”, añade y ahora mismo está más preocupada por el futuro más próximo.