El convenio urbanístico que regula el desarrollo de los PEI 2 y 3 en Portonovo centró buena parte de la tercera sesión del juicio por blanqueo de capitales que se sigue en la Audiencia Provincial contra Antonio Carballa, su mujer, su hija, su yerno y los hermanos Prado Padín.

En relación con este convenio prestaron ayer declaración la alcaldesa de Sanxenxo, el interventor municipal y los representantes de las dos empresas promotoras, Bamarti y Promociones Portonovo.

El mencionado convenio incluía la venta a las promotoras del 10% de edificabilidad que correspondía al Concello en estos ámbitos, a cambio de Casa de Don Fernando. Bamarti y Promociones Portonovo permutaron a María Luisa González, esposa de Antonio Carballa, un total de 3 pisos y 3 plazas de garaje la primera y 4 pisos y otros tantas plazas de garaje la segunda, además de los correspondientes trasteros.

El fiscal pretendió esclarecer ayer por qué María Luisa González compró a la familia Lalinde Valenzuela la casa de Don Fernando por 180.000 euros en el año 2004 para permutarla poco después por propiedades valoradas en 1,2 millones de euros.

Para aclararlo, el primer en declarar fue el propietario del inmueble, que dio por justo el precio de 180.000 euros acordado en su momento a pesar de la sobrevaloración posterior.

Tanto el administrador de Bamarti como el de Promociones Portonovo también consideraron aceptable el acuerdo alcanzado en su día con María Luisa González, que se hizo teniendo en cuenta el precio que tendrían los pisos en 2006, momento en el que se alcanzó el acuerdo a instancias del entonces alcalde, Telmo Martín.

Los representantes de las dos empresas aclararon que la esposa de Carballa no llegó a obtener ninguno de los pisos comprometidos en la permuta. En un caso porque el proceso judicial en marcha lo impide y en otro porque la promoción se quedó en estructura debido a la crisis y no llegó a concluirse la obra.

Catalina González

A la alcaldesa de Sanxenxo, que en el momento en que se firmó el convenio urbanístico en cuestión se centraba en las áreas de Bienestar Social, el fiscal le preguntó si el Concello tenía mucho interés en pagar tan elevado precio por la casa de Don Fernando. Catalina González explicó que desde el año 1995, gobernando el PSOE en Sanxenxo, se habían iniciado contactos para la adquisición de este inmueble, hoy convertido en centro social. Acerca del precio la alcaldesa se refirió al expediente, en el que consta la valoración hecha en su momento por los técnicos municipales, que lo estiman en 1,2 millones.

En la misma línea fue la declaración del interventor municipal, Juan Vidal Vilanova, quien ratificó que en el expediente constan informes periciales de la entonces responsable de la Xerencia de Urbanismo de Sanxenxo, así como  de otros técnicos, que coinciden en que la valoración del inmueble supera el millón de euros.

Los informes firmados por el interventor ratifican la capacidad económica del Concello para hacer frente a la operación de compra, ya que inicialmente la administración local barajó esta posibilidad, a través de dos opciones de compra a las que finalmente renunció.

El interventor explicó que el Concello tenía en aquel entonces interés en crear una red museística y por ello adquirió también el Pazo de Quintáns, en Noalla.