Jose María Alonso, propietario de Armarios Alonso, se sentó ayer en el banquillo de los acusados enfrentándose a un delito que la Fiscalía dividió en estafa y falsedad continuada. Por ambos pide para el acusado un total de 2 años y 9 meses de prisión.
Los hechos por los que se juzga Jose María Alonso se remontan al año 2008. En esa fecha el empresario reconoció que, teniendo un problema puntual de liquidez, envió al banco unos recibos para descontar, una práctica que dijo que era habitual —hecho que corroboró la contable de la empresa— y que, añadió, nunca llegó a pensar “que fuese algo ilegal” .
Y es que el empresario firmó con el banco Etchevarría —entre otros — una línea de descuento para que la entidad le adelantase facturas, pagarés, letras o cualquier otro tipo de efectos antes del vencimiento de los mismos. Por hacerlo, el banco cobraba suculentas comisiones. Si había un descubierto, un cambio en el vencimiento o una devolución, las comisiones, y por tanto los beneficios del banco, también se incrementaban.
El sistema funcionaba así. Y Jose María Alonso “inventó” algunos recibos para conseguir financiación en los momentos difíciles. Luego, antes del vencimiento de los mismos, resolvía la situación evitando que los cargos llegaran a los clientes, que realmente nada le debían.
Todo fue bien hasta que la crisis hizo imposible controlar la situación. Y es que según explicó Alonso, fueron muchos los clientes que devolvieron las facturas y él no pudo hacer frente a todo.
No fue el único que sufrió las consecuencias de una brutal crisis económica que puso en entredicho el sistema financiero y su funcionamiento.
Y es que la línea del abogado defensor fue por ahí.
Alonso no descontó “papel pelota” ni emitió nunca una factura falsa a nombre de un cliente.
Utilizaba lo que se conoce como el “Cuaderno 58”, una aplicación informática facilitada por el banco, en la que Alonso solo tenía que cubrir unos campos, tales como el nombre de la empresa a la que quería emitir el recibo, la cantidad y la fecha de cobro, y remetirlo a través de internet a la entidad bancaria para que le adelantase la cantidad a cuenta de la póliza que había suscrito.
No se puede, por tanto, según explicaba el abogado defensor, acusar a Alonso de falsedad documental porque “no hay nada físico que haya sido falsificado. Un recibo es la prueba de que hemos pagado algo y no tiene valor alguno si no se realiza el pago”.
Tampoco el abogado defensor cree que se pueda acusar a Alonso de estafa. Y es que a preguntas del Ministerio Fiscal, el director de la sucursal del banco Etcheverría de Pontevedra —la denunciante— reconoció que no se ejercía ningún tipo de control sobre la veracidad de los recibos enviados por la empresa. “La solvencia de Armarios Alonso nos permitía confiar en que atendería todos sus cargos”.
El abogado defensor puso en evidencia la rigurosidad del banco al preguntar por la devolución de un pagaré de 24.000 euros por parte de una constructora de Portonovo. Como existía un efecto, un documento físico, el banco podía tomar medidas legales contra esta empresa. Pero en este caso lo que hizo el banco fue negociar y aceptar que la firma portonovesa saldesa la situación pagando 18.000 euros.
Al margen de la responsabilidad penal, está la civil, que obliga a Alonso a la devolución de los 58.000 euros al banco. n