El juicio por blanqueo de capitales seguido contra el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y sus allegados continuará hoy en la Audiencia de Pontevedra con la declaración de los acusados y la presentación de pruebas de las partes. El proceso ha generado una importante expectación mediática, alimentada, también, por el estreno de la serie de televisión inspirada en el libro “Fariña” que habla de este y otros históricos capos. De hecho, según avanzó ayer El Español, Sito Miñanco tenía un ejemplar del guion en su casa cuando fue detenido hace casi un mes, en el marco de la operación Mito contra el tráfico de drogas y que puso fin al régimen de semilibertad que disfrutaba desde 2015.

Recusación presentada
Su defensa presentó ayer el anunciado escrito de recusación de dos de los tres magistrados que componen el tribunal de la sala de la audiencia, alegando falta de “imparcialidad”. Además, en él denunció que había tenido dificultades para poder preparar el juicio, que el martes acogió las cuestiones previas, cuenta Europa Press. Sin embargo, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia señalaron que a la sala no le constaba, aunque pudo no haber llegado debido a la huelga de funcionarios de justicia.
Así las cosas, ayer se mantenía la continuación del juicio contra el cambadés, su exmujer, una hermana de esta, su hija mayor y un empresario. El abogado de Sito, Gonzalo Boye, manifestó que está previsto que responda a todas las preguntas y preparó la sesión con él en una visita que le hizo a prisión.
En cuanto a su huelga de hambre, el letrado volvió a expresar su preocupación por la salud del cambadés, de 62 años, cuya protesta “no ha variado” desde que la inició, cuando fue trasladado a la cárcel pontevedresa de A Lama y para denunciar un presunto “trato vejatoiro” por parte de la administración de esta penitenciaría. A este respecto Boye también recordó que “tiene la tensión muy alta” y aseguró que, al no alimentarse, no puede tomarse su mediación.
El juicio empezó el martes y los abogados de los acusados pidieron la nulidad, pero el Tribunal desestimó sus alegaciones, que se resumían en que se trata de una causa prospectiva y prescrita, además de dudar de la imparcialidad de la sala. El fiscal también rechazó sus argumentos y pide seis años de prisión y multa de 10 millones de euros por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la compra de bienes a través de la inmobiliaria San Saturnino.