Dos guardias civiles niegan ante la Audiencia haber filtrado información a grupos de narcos

Diego Fontán y Javier López se sentaron en el banquillo junto al vilanovés Juan Carlos Santoórum | mónica patxot
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Los dos agentes de la Guardia Civil que están siendo juzgados en Pontevedra acusados de pasar información clasificada y secreta a diversos grupos criminales, entre ellos organizaciones que se dedicaban al narcotráfico, han negado ser los autores de las filtraciones. Los guardias Javier López y Diego Fontán, de O Grove, acudieron ayer a la Audiencia de Pontevedra, donde comenzó el juicio contra ellos y una tercera persona, Juan Carlos Santórum, un vecino de Vilanova de Arousa vinculado “policialmente” al narcotráfico, según el fiscal, que según las investigaciones era el encargado de actuar como enlace con los agentes.
A lo largo de un extenso interrogatorio, López afirmó que nunca extrajo información para la cual no tuviese autorización ni tampoco se la facilitó a terceros, salvo a su compañero Diego Fontán, al que reconoció que llegó a facilitarle un listado con fuentes activas de la Guardia Civil “para ayudarle en sus investigaciones”.
Además, ha explicado que en ocasiones comentaban operaciones en las que estaban trabajando, pero nunca con la finalidad de que la información llegase a los investigados, sino para facilitar el trabajo de cada uno.
Notas manuscritas
Sobre el lápiz de memoria que portaba cuando fue detenido, lleno de datos personales de sus compañeros y fuentes de la Guardia Civil, horarios y turnos de trabajo o matrículas de coches bajo vigilancia, ha alegado que lo había cogido para “ponerse al día” en casa con una investigación y para organizar sus propias vacaciones y días libres. A continuación, Fontán. reiteró la versión de su compañero y negó de forma tajante tener cualquier tipo de relación con los presuntos narcotraficantes a los que, según la Fiscalía, facilitó información confidencial de la Guardia Civil.
Santórum solo quiso atender a las preguntas de su abogado y ha asegurado que nunca recibió información sensible de la Guardia Civil y que los más de 500 documentos confidenciales que aparecieron en el ordenador de su hijo “alguien los puso ahí”. Vinculado con el mundo de la droga desde hace años, el acusado ha reconocido sin embargo que Fontán le llegó a dejar notas manuscritas en casa, pero ha vinculado este hecho con que “quería que me convirtiera en su confidente”, algo a lo que se negó, según han declarado ambos ante el tribunal.

Petición de penas
La Fiscalía de Pontevedra solicita once años y medio de prisión para los dos guardias civiles, acusados de un delito continuado de revelación de secretos en concurso medial con un delito de encubrimiento y de un delito contra la intimidad cometido por funcionario público en el seno de un grupo criminal. Además de la pena de prisión, el ministerio público exige que sean suspendidos de empleo durante tres años e inhabilitados de forma absoluta durante otros doce. Para Juan Carlos S.N., la petición es de siete años de cárcel por un delito de revelación de secretos y un delito de integración en grupo criminal.
Los tres formaban parte, según la fiscal Marta Durántez, de un grupo criminal que tenía por finalidad la obtención de información secreta y datos personales de las investigaciones de la Guardia Civil para su posterior revelación y difusión a terceras personas, fundamentalmente, los afectados por tales investigaciones. Para ello, los dos agentes se apoderaban o sustraían información sensible o datos reservados de carácter personal que obraban en los archivos y sistemas informáticos utilizados por la unidad policial, muchos de ellos bajo secreto de sumario por orden judicial, y se la facilitaban directamente a los interesados o a través del otro acusado.
Según la Fiscalía, operaron de manera “estable y continuada” al menos desde febrero de 2013, fecha en la que se descubrieron las primeras fugas de información, hasta el 30 de julio del mismo año, día que se produjeron las detenciones. Sus respectivos abogados defensores alegaron diversas causas para pedir la nulidad de todo el procedimiento judicial contra ellos, petición que contó con la oposición de la fiscal.

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