Los liquidadores de la Allesa 72 SL, antigua depuradora ubicada en O Aguiúncho (A Illa), han ganado un recurso contencioso administrativo contra la Xunta de Galicia en un litigio derivado de la ocupación de los terrenos de la firma para la construcción del nuevo vial portuario a O Xufre.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha considerado probado que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta ocupó una parte de los terrenos de la sociedad sin ofrecer a cambio ningún tipo de contraprestación o expropiación. El fallo declara el hecho “contrario a derecho” y obliga a la administración autonómica a iniciar el correspondiente expediente expropiatorio. 
Los liquidadores de Allesa, nombrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria tras la intervención de la sociedad al conocido como clan de los Charlines, decidieron demandar a la Xunta al cursar esta silencio administrativo ante sus reclamaciones, en las que ya exigían el abono del correspondiente pago expropiatorio. 
La diferencia de pareceres llegó en un tramo de la parcela de la antigua depuradora, de 765 metros cuadrados. La Xunta consideró que tras los deslindes en O Aguiúncho, este sector del suelo pertenecía al dominio público y lo ocupó sin más, dejándolo al margen de los expedientes de expropiación abiertos para el resto de la superficie de los terrenos de Allesa. 
No obstante, el TSXG considera que existe una prueba documental “de una contundencia irrebatible”, cuyos informes técnicos y cartográficos demuestran la titularidad de este sector del suelo en favor de la empresa en liquidación. 
El tribunal apunta a un “error inicial acerca de quien era su dueño”, aunque no advierte “mala fe” en la Xunta, por lo que no estimó una segunda parte del recurso que pedía responsabilidades a la administración.
Allesa 72 SL fue sentenciada junto con otras sociedades ligadas a los Charlines a disolución judicial y clausura definitiva tras un fallo de 31 de enero 2003, elevado a definitivo el 13 de abril de 2007, en el marco de una causa por blanqueo de capitales.
Otra parte del solar fue adjudicada en 2011 a la Cofradía en una subasta organizada por la Agencia Tributaria.