La Mancomunidade do Salnés espera adjudicar de manera definitiva el nuevo contrato de la basura para Vilanova y Cambados en las próximas semanas y después de superar dos recursos interpuestos por licitadores cuyas ofertas quedaron excluidas. Cabe recordar que la Mesa de Contratación propuso a Valoriza como concesionaria por un precio anual de 788.716 euros y cinco años de contrato.

La propuesta se hizo en noviembre y el proceso de licitación llegó a estar en suspenso por orden del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia hasta la resolución de uno de los recursos presentados. Los responsables comarcales ya advirtieron en su día que en este tipo de procedimientos es habitual la interposición de alegaciones por parte de las empresas excluidas y así ha sido. FCC Medio Ambiente fue una de las aspirantes que recurrió la decisión de la Mesa de Contratación de excluir su oferta en octubre. Sin embargo, el Tribunal lo desestimó en diciembre porque que el acto recurrido era una “mera” propuesta al órgano de contratación y, por tanto, lo recurrible sería la decisión de este último, no la alternativa ofrecida por la Mesa.

También la empresa Urbaser reclamó, pero según el gerente comarcal fue igualmente desestimado. José Ramón García Guinarte espera que el contrato se pueda adjudicar en las próximas semanas, pero reconoció que esperan “máis recursos”.

Con todo, la Mancomunidade seguirá adelante si no hay ninguna suspensión más, para que la nueva adjudicataria pueda empezar a trabajar. El contrato se firmará con Valoriza por cinco años (un total de 3,9 millones) y contempla garantías para que los concellos tengan un mayor control durante ese tiempo y poder enfrentar incumplimientos sin tener que acudir a la justicia. Así, se hará una auditoría anual externa y, llegado el caso, se podrá retener el pago del servicio.
Con el nuevo contrato se espera modernizar el servicio y subsanar problemas surgidos con el anterior que, entre otras cuestiones, llevaba vigente muchos años y estaba desfasado. Por ejemplo, Cambados y Vilanova quieren reducir los kilos de residuos que se envían a Sogama encareciendo la factura del servicio (cobra por peso). De hecho, renuncian a los derechos de cobrar por los deshechos de la recogida selectiva (materiales reciclables) en favor de la adjudicataria, que tendrá ahí una fuente de ingresos y, en consecuencia, se espera que también un aliciente para incentivar el reciclaje entre la población.
Otra novedad es que la empresa deberá instalar tags y 50 sensores de llenado en contenedores. Al principio los colocará en los ubicados en zonas rurales y luego irá modificando la ubicación de acuerdo con el criterio de los servicios técnicos de los concellos para obtener datos de llenado que “permitan tomar decisiones relativas a la optimización de la frecuencia de recogida y rutas repetitivas”. Así, de darse el caso, se podrían reducir las frecuencias de recogida o modificar itinerarios o rutas, aunque esa reducción se vería compensada para la empresa.
Asimismo se contempla la instalación de nuevos contenedores y específicos para productos singulares, es decir, restos de restaurantes, pequeños comercios, etc. Que pueden reciclarse y, por tanto, se reducen los kilos de las unidades verdes (el envío a Sogama). l