La resolución de Ravella de cerrar temporalmente los establecimientos hosteleros que se excedieron en la noche previa al Auga abre una nueva fisura entre Concello y Asociación de Hosteleros. El colectivo que preside Roberto Gerpe emitía ayer un comunicado en el que censura la medida y en el que insta a Tomás Fole a dar marcha atrás y no ejecutar el cierre de los bares. Y es que la retirada de la licencia a los locales señalados va desde una semana hasta un mes en el caso más grave, coincidiendo el cierre con las vacaciones de Semana Santa.

Ahituvi es contundente, aunque prudente en sus palabras. “Invitamos ao goberno local a reflexionar para que retire as clausuras limitándose a sancionar economicamente aos establecementos infractores”, manifiestan desde el colectivo. Entienden que el daño que supone el cierre de un local “non está en proporción cunha falta de carácter leve como a cometida” y creen que esto supondrá un “gravísimo precedente”.

El colectivo de Roberto Gerpe recuerda que esta petición de no llevar a cabo el cierre de negocios ya fue trasmitida en una reunión en la que participó el edil de Industria, Manuel Tarrío, y el propio alcalde. En ese encuentro Ahituvi solicitó que no se procediese a la retirada de la licencia ante el “dano irreparable” que, para algunos locales, puede suponer la resolución.

"un erro"

Cabe recordar que a mediados del mes de septiembre hosteleros y miembros del grupo de gobierno se comprometían a crear una Comisión específica para evitar los desmanes en la Festa da Auga. Era, en principio, un punto de partida cordial en el que los hosteleros exigían contundencia por parte de Ravella a la hora de sancionar a los puestos ilegales que en San Roque se colocaban en cualquier calle de la localidad. Sin embargo las sanciones de Lembranza, Huracán, Neptuno, Más o menos y Derby podrían enfriar estas relaciones dado que algunos de los negocios infractores forman parte de la asociación.

Sin embargo, y pese a la oposición rotunda de Ahituvi, nada parece indicar que el gobierno municipal vaya a dar marcha atrás en su resolución. Tomás Fole se mostraba el miércoles contundente alegando que “se cometieron excesos y las normas están para cumplirlas”, dejando la opción de que los afectados todavía tienen un plazo concreto para recurrir el dictamen.

Entre las infracciones que se le imputan a los bares sancionados están la de excederse en el horario de cierre, la de colocar barras de forma irregular en la vía pública e incluso el de amenazar y desobedecer a los agentes del orden. Aparte del cierre los establecimientos deben abonar (en el plazo de 15 días) una sanción económica que, dependiendo de los casos, va desde los 600 a los 2.500 euros.

Este frente se suma al ya abierto por la polémica del pago de la Zona Azul.