El Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo condena a Carlos García Muíños, propietario de una cadena pastelera arousana, a cinco años y medio de prisión por el acoso y extorsión a una exempleada y a su familia. La jueza Cristina Martínez considera que el empresario vilagarciano es autor de un delito de obstrucción a la justicia, otro de daños, otro leve de lesiones y otro de falsedad de documento público. Antonio Rubianes, el hombre que ayudó a García a ejecutar su retorcido plan, también fue condenado a dos años de prisión por un delito continuado de obstrucción a la justicia.
Los hechos se remontan a finales de 2013 cuando, según relata la sentencia, ambos iniciaron un acoso y derribo contra la exempleada de la pastelería para convencerla de que retirara una denuncia por el despido que sufrió tras ser acosada sexualmente por dos compañeros de trabajo. Ambos hechos, tanto el acoso como la improcedencia del despido, fueron posteriormente probados en los tribunales.

cambio de residencia
La extorsión consistió primero en llamadas y mensajes amenazantes a la mujer y sobre todo a su pareja, que en noviembre de 2013 sufrió una paliza cuando dos individuos, con los rostros tapados, lo asaltaron a la salida de su centro de trabajo, en Vigo, y le propinaron patadas y puñetazos, llegando incluso a utilizar una pistola eléctrica. Para recuperarse necesitó cinco días de curación.
Estos y otros hechos llevaron a las víctimas a cambiar su lugar de residencia, que fijaron en la ciudad olívica de Vigo. Pero el calvario se mudó con ellos.
Poco después de que una sentencia fallara a favor de la mujer sobre la improcedencia del despido, los dos acusados fueron vistos frente al domicilio de la pareja, en la ciudad olívica. La Policía los identificó y en el maletero de su vehículo encontró una barra de madera y otra de metal. Ocurrió a finales de mayo de 2014 y solo unos días después, a principios de junio, aparecieron en el portal del edificio donde viven los denunciantes cuartillas con su imagen y el lema “Pareja en apuros hace intercambios”.

falsedad documental
Al poco tiempo se desencadenaron los hechos por los que Carlos García fue condenado por falsedad en documento público. Todo empezó unos días después de que la denunciante recibiese una llamada del taller donde había llevado su coche a arreglar, informándole de que le habían robado la matrícula. Posteriormente le llegaron multas por excesos de velocidades registrados en lugares por los que no había pasado. Los radares capturaron la imagen de un vehículo que llevaba la matrícula del coche de la mujer, pero no era de mismo modelo. Sí se correspondía, en cambio, con el del acusado, según declaró un agente de la Guardia Civil, que añadió que las llantas y pilotos traseros eran “idénticos” y que una inspección ocular permitió comprobar que uno de los tornillos de la placa de la matrícula del Audi A4 del empresario vilagarciano estaba “oxidado” y “flojo”.
Otro de los indicios que considera contundente la magistrada es que los radares captaron al vehículo por lugares de paso a la residencia de García Muíños.
Aunque Antonio Rubianes asumió la total autoría de los hechos y dijo que lo había hecho porque vio afligido a su “amigo”, en referencia a Carlos García, la jueza considera que el empresario se encuentra detrás de todos y cada uno de los hechos denunciados por su exempleada y su pareja ya que entiende que el otro acusado no podría haber tenido acceso, por ejemplo, a los números de teléfono de las víctimas, a las que ni siquiera conocía, si el propietario de la pastelería no se los hubiese proporcionado. Asimismo, los registros telefónicos muestran un constante intercambio de llamadas entre ambos acusados que es más intenso todavía justo después de que se produzcan los hechos relatados por las víctimas.
La jueza también señala en la sentencia que el silencio del empresario, que se negó a declarar tanto en la fase de instrucción como en la vista, se debe a que no tiene “explicación ninguna”.
Por ello, además de la condena de cinco años de prisión y las multas de más de cuatro mil euros, Carlos García Muíños tendrá que abonar 1.265 euros a su exempleada por los daños en su turismo y 2.468 euros por los mismos hechos a la pareja de esta, al que también tendrá que pagar 300 euros a mayores por las lesiones sufridas en la agresión con pistola eléctrica. Además, tendrá que indemnizar a cada uno de ellos con doce mil euros por daños morales.
También Antonio Rubianes tendrá que indemnizar a la pareja, aunque en una cantidad mucho menor, de cuatro mil euros para cada uno de ellos.
Ninguno de los acusados podrá acercarse a menos de 200 metros del lugar de residencia y de trabajo de los denunciantes ni de sus respectivos padres. Una restricción que se mantendrá durante los próximos cinco años.
La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso ante la Audiencia de Pontevedra.