El Gobierno ha concedido un indulto parcial al constructor isleño Juan Manuel Chaves Daporta que había sido condenado a cuatro años de prisión por retener y agredir a la arquitecta municipal en su despacho hace ya cinco años. Así, rebaja su condena de tres años de cárcel por detención ilegal, conmutándola por otra de un año de privación de libertad y dos años de multa, a razón de dos euros diarios.
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el Real Decreto de concesión del indulto que Chaves Daporta solicitó tras recurrir la sentencia condenatoria sin éxito. Esta procedía del Juzgado de lo Penal 1 de Pontevedra quien en 2012 condenó al empresario a tres años de prisión por un delito de detención ilegal que el Gobierno ha conmutado en otra pena de un año de prisión y dos años de multa, que se satisfará en cuotas diarias de dos euros. También le fue impuesto otro año de cárcel por un delito de atentado, además de una multa por una falta de lesiones que el Gobierno no modifica en su indulto, en el que pone la condición de que el constructor no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del decreto.
El juez consideró probado que el 22 de marzo de 2010, Chaves Daporta irrumpió en el despacho de la arquitecta municipal y “con ánimo de privarla de su libertad deambulatoria” cerró con llave la puerta de la estancia y se la guardó en el bolsillo y que después, “con ánimo de desprestigiar el principio de autoridad y de menoscabar su integridad física”, la zarandeó, la empujó contra el mobiliario y le dio un golpe en el hombro.
Tras un intento fallido por parte de un agente de la Policía Local para que el acusado depusiera su actitud, aquel abrió la puerta de la oficina, ubicada en la Casa Consistorial, cuando hizo acto de presencia la Guardia Civil, aproximadamente una hora después de encerrarse con la funcionaria y por petición del propio condenado. Este indicó que cerró hasta la llegada de los agentes “por miedo” al personal que se reunió en el exterior. El constructor también defendió durante el juicio que fue al despacho para exigirle explicaciones por una venta inmobiliaria que, según su relato, habría frustrado la técnica, perjudicándolo.