La plataforma Stop Desahucios de O Barbanza mantendrá esta tarde una reunión en los locales de la CIG de Riveira. Entre otros asuntos abordarán el texto de una moción que pedirán que se debata en todos los municipios barbanzanos, y en la que piden un posicionamiento de los concellos frente al problema de los desahucios, tanto hipotecarios como por alquileres.
Son ocho los puntos que incluye la moción que presentarán y en ella reclaman la creación de Comités de Inclusión Social, integrados por los servicios sociales de los concellos, plataformas de afectados, organizaciones sociales, partidos con representación municipal y agentes sociales. Estos comités atenderían los desahucios y gestionarían la posible ayuda a familias que corran el riesgo  de quedar sin vivienda debido a una ejecución hipotecaria.
Solicitan también la creación de oficinas municipales dedicadas solo a asesorar, estudiar y resolver los desahucios y la creación de un Banco Solidario de Viviendas, en el que sus propietarios podrán inscribirlas para ponerlas en circulación con un alquiler social.
Piden también la creación de un fondo social especial, orientado a ayudas para poder pagar alquileres, luz, agua y alimentos a familias con dificultades para abonar la hipoteca.
La moción incluye también el compromiso de que el Concello no trabajará con entidades financieras que ejecuten desahucios retirando si fuera el caso, los fondos de depósito en tuviesen en ellas.
Además añade que los concellos prohibirán a la Policía Local ejecutar desalojos.
Uno de los últimos puntos incluidos en el texto básico que la plataforma tratará de aprobar en la reunión de esta tarde es que el Concello subirá un 100% los impuestos por cajeros automáticos, y el IBI de los inmuebles propiedad de las entidades bancarias en el término municipal a aquellas entidades que ejecuten hipotecas. Esta medida plantean que se retiraría en caso de que las viviendas se realquilen con una cuota social a las familias con dificultades para cubrir las necesidades básicas.
Por último, la Plataforma quiere blindar los servicios básicos de las familias de alguna forma y por ello pide a los concellos que insten a la Xunta a prohibir los cortes de suministros básicos como el agua, la luz o el gas.