La obra en una vivienda de un familiar de la alcaldesa de la que la Policía emitió en verano un parte por exceder la licencia de rehabilitación fue informada favorablemente tanto por el aparejador como por la arquitecta municipales, días después de conocer las objeciones del agente.
Vista la exposición de ese documento policial, en el que se detallaba que la “rehabilitación que figura en la licencia no corresponde con los trabajos que están realizando dado que se observa claramente que se trata de una obra de una vivienda totalmente nueva”, el aparejador emitió informe posterior en el que concluye que “entiendo que no existe motivo alguno para proceder a la paralización de esas obras”.
“Sí es cierto que el título del proyecto de obra es de Rehabilitación, si bien en el contenido del proyecto (léase memoria, planos y presupuesto) estaban perfectamente detalladas todas las labores de demolición efectuadas, por lo que parecería más apropiado quizás que el título del proyecto hiciera referencia a una obra nueva”, expone este documento. A pesar de ello, añade el aparejador que “esto no es óbice para que la licencia siga siendo válida” y que “los trabajos se puedan seguir realizando al no afectar al uso principal ni al aspecto exterior de la construcción”.
También la arquitecta municipal informó tras tener conocimiento de los reparos policiales que las obras “son conformes al proyecto básico y de ejecución aprobado por la correspondiente licencia”. Eso sí, ambos admiten que “hay una pequeña variación en la morfología de la planta”, aunque se indica que “se presentará toda aquella documentación gráfica y escrita necesaria para su descripción al término de la obra en los documentos del ‘Estado Final de Obra’”.
desde el gobierno
El propio familiar de la regidora, un día después de la visita policial y de la sugerencia del agente a detener los trabajos, dio entrada en el Concello a un escrito describiendo la actuación policial y solicitando “se me informe debidamente por quien corresponda, si la obra debe ser paralizada o no”. Algo menos de un mes después, el gobierno municipal, a través del teniente de alcalde Víctor Caamaño, firmaba la respuesta, exponiendo que en vista de los informes de los técnicos “non existe motivo para proceder á paralización da citada obra”.
Desde el Concello ya habían defendido este fin de semana la legalidad de la actuación a pesar de lo plasmado tras la inspección policial y ayer la alcaldesa, Fátima Abal, insistía en el mismo mensaje entones trasladado: Que considera que existe “unha campaña de acoso e derribo” contra ella y su entorno “que vai moito máis aló do que é a actividade política e que o único que se quere facer é malmeter e facer dano”.
la oposición
Por su parte, desde la oposición popular, el portavoz Luis Aragunde declaraba ayer que carecía aún de datos para poder hacer una valoración, aunque añadía que “entendo que se axustará á legalidade”. Por ello, esperaba que la alcaldesa “o aclare”, lamentando que cuando era Abal la que era oposición “eles meteran cada asunto e licencia polo xulgado”, reviviendo la acusación lanzada entonces de querer judicializar la vida política. “Entendo que predicarán co exemplo”, dijo confiando en la legalidad de la obra.