El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao celebrará el próximo día 19 la subasta pública de la nave de Conservas y Elaborados Guau en el polígono de Sete Pías con un precio de salida de 5.138.744 euros. La venta judicial procede del concurso de acreedores que resultó en la liquidación de la mítica firma que desde hace unos años estaba en manos del grupo vasco Apikale.  
El inmueble ocupa una superficie de 11.400 metros cuadrados de los que más de 8.000 son la superficie construida, la cual consta de una planta baja y una entreplanta. La actividad conservera se trasladó del centro de la localidad a esta nave del polígono industrial hace años y como el comienzo de una nueva etapa que mejoraría la ya buena trayectoria de la firma. Sin embargo, no fue así y tras varios cambios de dirección, la marca pasó a estar controlada por Apikale que no consiguió sacar adelante la actividad de sus empresas.
De hecho, los propietarios solicitaron el concurso voluntario de acreedores que fue declarado no culpable y que desembocó en la liquidación y subasta de sus bienes, entre los que también se incluyen varios inmuebles en Bilbao y en Lekeitio.
Los administradores concursales del grupo emitieron un informe declarando que la quiebra de la empresa fue fortuita, es decir, que la insolvencia de la sociedad matriz, Apikale, desembocó en el impago de deudas contraídas con el resto de empresas del grupo que también acabaron quebrando, a pesar de sus esfuerzos. De hecho, en su informe se le reconoce la búsqueda de financiación, la renegociación de con los bancos, entre otras acciones que no dieron los frutos deseados. Así atribuyeron su caída a problemas como el de encontrar materia prima entre los proveedores habituales, “al perder su confianza”, y todo ello en un “contexto de crisis generalizada y de restricción de crédito”, según el escrito de la Fiscalía. Y es que el ministerio público tampoco vio culpabilidad en las acciones de sus dueños. Es más, no estimó “acreditada maniobra fraudulenta alguna” como alegaban algunos pequeños inversores quienes consideraban que los gestores del grupo habían empleado Guau y otras de sus sociedades para conformar un entramado empresarial “y no pagar sus facturas”.
El caso es que la mítica conservera ponía punto y final a más de 30 años de historia sin posibilidades de reactivación. Se llegó a hablar de la existencia de compradores interesados en mantener la actividad, pero nunca se concretó nada más y para entonces la fábrica llevaba varios meses parada. Además su cierre fue abrupto. En 2011, la gerencia cerró las puertas sin explicación alguna a la plantilla, formada por unas 60 personas que incluso llegaron a hacer guardia ante la nave ante el temor de que desvalijaran la empresa sin saldar las cuentas con los trabajadores. n