Compañeros de los guardias acusados dicen que los chivatazos se acabaron con sus detenciones

Compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil de Pontevedra que están siendo juzgados por pasar información clasificada y secreta a narcotraficantes han asegurado hoy que estas filtraciones se acabaron con la detención de los acusados.
Durante la tercera sesión del juicio que se celebra contra los agentes Javier López y Diego Fontán y una tercera persona que actuaba como contacto con las organizaciones criminales, Juan Carlos Santorum, varios miembros del equipo contra el crimen organizado del instituto armado han explicado que “no se han vuelto a repetir” estos hechos.
Los testigos acreditaron que el proceder de Javier López “no se ajustaba” a la forma de trabajar de la unidad cuando retiró de forma masiva información confidencial sobre confidentes policiales, vehículos y compañeros de la Guardia Civil y operaciones en marcha.
Todos ellos señalaron que “nunca” un agente saca información de la unidad, como comentó el acusado, para consultarla fuera de la comandancia y que, para acceder a los datos que extrajo, hace falta una clave de acceso “para la que él no estaba autorizado”.
Tras estas declaraciones, que se han sucedido a lo largo de toda la mañana de hoy, el juicio se retomará el próximo 20 de febrero.
La Fiscalía de Pontevedra solicita once años y medio de prisión para los dos guardias civiles, acusados de un delito continuado de revelación de secretos en concurso medial con un delito de encubrimiento y de un delito contra la intimidad cometido por funcionario público en el seno de un grupo criminal.
Además de la pena de prisión, el ministerio público exige que sean suspendidos de empleo durante tres años e inhabilitados de forma absoluta durante otros doce. Para Juan Carlos Santorum, la petición es de siete años de cárcel por un delito de revelación de secretos y un delito de integración en grupo criminal.
Los guardia civiles están acusados de montar una operación ficticia, a la que pusieron el nombre de “Aluminio” y que se centraba en el tercer acusado en esta causa, Juan Carlos Santorum, con antecedentes policiales por narcotráfico, pero nunca condenado por esta actividad. En aquellos momentos, López estaba de baja médica, pero aprovechó una visita al médico de la Comandancia para acudir a las oficinas. Ese día fue detenido con un pendrive en su poder que contenía numerosa información extraída sin permiso de los ordenadores de su unidad, entre ellos, la relativa a esa operación ficticia, pero también fichas personales de fuentes vivas de ECO, datos de vehículos policiales y fichas personales de sus compañeros. De esa información, 2.000 archivos fueron localizados en posesión del otro guardia acusado, Diego Fontán, destinado en la Policía Judicial y 500 en manos de Juan Carlos Santorum, aspectos que se fueron desgranando a lo largo de las cuatro jornadas de juicio, que continuará durante el próximo mes.
Muy conocido
El meco Diego Fontán es muy conocido en O Grove, donde en el momento de su detención regentaba un negocio hostelero, además de trabajar como guardia civil. Su padre, Carlos Fontán, dirigía la Edoa hasta poco tiempo antes de la detención de su hijo, que se produjo en agosto de 2013. Se retiró por motivos de salud. Junto a Fontán fue detenido un compañero, el vilanovés Santórum y tres personas más.