En esta comarca de O Salnés hay varios casos de colectivos de trabajadoras con las sentencias a su favor, que ven, con incredulidad e impotencia, como en la práctica esas sentencias favorables no les sirven para nada. Voy a referirme al caso que más cerca conozco. Se trata de la Residencia de ancianos “Valle-Inclán” de Vilanova. Desde hace un año, el por aquél entonces recién aterrizado en la gerencia, decidió prescindir de 39 trabajadoras, contratando en su lugar a otras personas. Está en su derecho de despedir a cualquiera. Pero, esa decisión trae consigo obligaciones que está incumpliendo premeditadamente, como son el abono de las indemnizaciones por despido y de las mensualidades trabajadas y, a día de hoy, todavía sin pagar. Las afectadas decidieron acudir a los tribunales de justicia. Finalmente, estos, les han dado la razón en todas y cada una de las sentencias dictadas. Y aquí viene lo inexplicable. La gerencia de la Residencia, sabiendo que el resultado de esas sentencias les obliga a readmitir e/o indemnizar a esas trabajadoras, hace oídos sordos e incumple su ejecución. Es más, se regodea de la misma justicia cuando manifiesta que “es más difícil que esas trabajadoras entren a trabajar aquí que el infierno se congele”.
Para culminar este esperpento, la Consellería de Traballo publicó el concurso de adjudicación de 110 plazas de asistencia a personas mayores y, si un milagro no lo remedia, mucho me temo que lo ganará el ínclito gerente actual. Y uno se pregunta si es posible que una persona con todas esas sentencias desfavorables, que se niega a cumplirlas, pueda participar e incluso ganar dicho concurso.
Y ante todo este despropósito ¿qué hace la justicia? De momento, mirar para otro lado. Entonces ¿qué valor tiene que la justicia te dé la razón? El mismo valor que si no te la diera: Ninguno. Una justicia que se inhibe ante el incumplimiento de sus propias sentencias, deja de ser justicia. Y una democracia sin justicia, deja de ser democracia.
Pablo Ventoso Padín