Desde que España está gobernada por un bipartito de diferentes ideologías, los problemas no dejan de crecer y ahora hay que añadir uno más en la larga lista de los que ya existen y no es otro que, además preocupa mucho a la sociedad en general, sobre todo a los propietarios de inmuebles, que los han comprado con su esfuerzo, heredado de sus ancestros y como es natural en un mercado tan complejo como es el actual, acceden a este nicho económico inversores de todo tipo, ya sean sociedades limitadas ó anónimas, que han desembarcado en el ladrillo por ser una inversión segura a largo plazo y obtener con ello un resultado que haga rentable la inversión efectuada.

El gobierno español del bipartito, ha dado una patada a las leyes que protegían el derecho a la inversión de la propiedad privada y han lanzado una serie de proclamas que han invadido el mercado de gentes ufanas en lo ajeno, con tal de vivir a costa de los demás. Detrás del movimiento ocupa profesional hay un gran negocio para esta gente dedicada a profanar el derecho adquirido legalmente por su propietario real, pero se ha ido más allá, ahora resulta que el perjudicado, tiene que asumir el costo de los servicios que hagan uso aquellos ocupas, ajenos a su patrimonio, que disfrutan de él como si les perteneciese, hasta que deciden cambiar de lugar.

El caso, es que estos grupos están tan bien organizados para delinquir, que se ha hecho a su medida lo que querían y detrás del movimiento hay una red que brinda sus servicios a cambio de jugosas cantidades dinerarias que como mínimo oscilan entre los mil y dos mil euros, por cada ocupación, proliferando en este caso las empresas de alarmas y desocupación, ya que las autoridades se ven con las manos atadas para poder desalojar a unos ocupas bendecidos a entrar en casas o pisos que estén vacíos o no haya nadie en su interior.

Es cierto que en España se construyó mucho parque de viviendas en la anterior década del 2000 al 2008, una gran parte de las mismas están en manos de la banca. Aquí hay un nicho muy especial para que el Gobierno de la nación, se haga con un parque de vivienda pública para todos los casos de necesidad como es el actual de cobijar en ellos a los que no tienen oportunidad de vivienda, ya que España, nunca a tenido un parque propio de viviendas y no puede ser la ocupación de las mismas un acto que el gobierno lave las manos y pase su negligencia a los ciudadanos, que sí las han adquirido y forman parte de su patrimonio.

El Estado debe proporcionar vivienda a toda persona que la precise y esté en situación de exclusión social, a su costa y por medio de parques de viviendas en todo el territorio español. La construcción en España, siempre ha sido de dos tipos, la promoción privada y la pública, ambas dedicadas a la venta. Pero nunca se ha tenido la precaución de tener una bolsa de viviendas en alquiler para alojar a las personas que lo necesitasen, ahora se pretende que los dueños carguen con un problema propio del Estado. No es normal que esto ocurra y todavía que se permita, por una propia negligencia del Estado en la falta de rigor de no acumular una bolsa para estas necesidades sociales.