9º-15º
viernes | 26 abril | 2024
La sección compostelana de la Audiencia Provincial señaló para los días 26 y 27 de este mes las dos sesiones de un juicio contra un ribeirense de 45 años procesado por un delito continuado de corrupción de menores y otro de exhibicionismo, que supuestamente cometió entre el 28 de octubre y el 14 de noviembre de 2014. La Fiscalía dice que actuó con ánimo libidinoso, enviando desde su correo electrónico al de un menor de 15 años -con el que incluso contactó visualmente por Skype, mostrándole sus partes íntimas-, 13 archivos comprimidos con vídeos y 32 fotos de pornografía infantil, en los que aparecían niños de menos de 13 años realizando actos de naturaleza sexual con mayores de edad.
En la entrada y registro practicada en el domicilio del acusado se hallaron 120 archivos de imágenes y 4 vídeos de contenido pedófilo en dos discos duros, y comprobaron que ese material estaba siendo compartido con otros usuarios, “toda vez que se localizaron archivos de vídeo alojados en carpetas pertenecientes a programas de intercambio de ficheros”, y que el acusado los descargaba.
La Fiscalía le pide 39 meses de cárcel y precisa que concurre el agravante de reincidencia y la eximente incompleta, pues sostiene que ya fue condenado a 18 meses de prisión en sentencia firme del 19 de enero de 2005 del Juzgado de lo Penal Nº1 de Santiago por corrupción de menores, pero quedó suspendida por 3 años, y que la fecha de la remisión definitiva fue el 15 de junio de 2010, estando condicionada a que no delinquiese, a que se sometiese a un programa específico y la intervención del material de pornografía infantil. Y recuerda que fue condenado por sentencia firme del 3 de febrero de 2011 dictada por la Audiencia Provincial en Santiago a 9 meses de cárcel y multa por exhibicionismo y provocación sexual, con periodo de suspensión desde el 20 de enero de 2012 y durante 4 años.
La Fiscalía también pide que se le inhabilite para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con menores por tiempo de tres años y la medida de libertad vigilada con obligación de participar en programas de educación sexual durante dos años. Y solicita el decomiso y destrucción de los equipos y dispositivos informáticos de almacenamiento usados, y que de pronunciarse una sentencia condenatoria se le remita a la Audiencia Provincial al objeto de que se le revoque la suspensión de pena.
Riesgo de recaer en conductas delictivas
El acusado fue incapacitado por sentencia del 26 de marzo de 2007 dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Ribeira. La pericial médico-forense determinó que “padece un trastorno generalizado del desarrollo de la personalidad y un déficit intelectual en el límite de lo normal, con riesgo de recaer en conductas delictivas, presentando sus capacidades volitiva e
intelectual profundamente atenuadas, sin llegar a estar anuladas”.
