11º-22º
martes | 16 abril | 2024
Repsol ha reiterado su disposición a colaborar "sin restricción" con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos en el marco de la pieza separada número 21 del 'caso Tándem' y ha dejado claro que la condición de investigada en la instrucción judicial "no tiene consecuencia alguna sobre la sociedad, su gobernanza o actividad".
La compañía energética ha reaccionado así en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haya acordado la imputación de Repsol y Caixabank como personas jurídicas por su presunta participación en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para investigar al que fuera presidente de Sacyr Luis del Rivero.
Repsol lamenta que el auto del Juzgado Central número 6 ha sido adoptado sin haber tomado declaración como testigo al Chief Compliance Officer de la compañía, a pesar de las reiteradas peticiones en tal sentido.
Así, en el ejercicio de su derecho de defensa, a resulta de las diligencias probatorias ya practicadas -incluyendo las declaraciones de investigados y testigos relevantes como la directora de Auditoría Interna, Control y Riesgos-, Repsol afirma que demostrará que ni hubo incumplimiento ni infracción de norma alguna, ni le era posible conocer que ninguna persona relacionada con Cenyt tuviese la condición de funcionario en activo, "puesto que se había permitido y ocultado ex profeso dicha condición por quienes tenían la capacidad para hacerlo".
Por ello, en defensa de su reputación corporativa, del interés social entendido como el que afecta a la propia compañía, a sus accionistas, a sus empleados y colaboradores, clientes y proveedores, Repsol adoptará "cuantas actuaciones sean necesarias en el ámbito del procedimiento en el que se la investiga, colaborando sin restricción con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos".
SE RESERVA POSIBLES ACCIONES LEGALES
A la vez, en la misma defensa de su interés social, Repsol se reserva el ejercicio de cuantas acciones sean procedentes en Derecho "para exigir las responsabilidades que puedan corresponder a quienes, en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia, propiciaron o permitieron la actuación de Cenyt y a quienes, en el ámbito privado, utilizan el procedimiento penal en la persecución de su beneficio particular".
La compañía que preside Antonio Brufau recuerda que desde el inicio de la pieza separada 21, relacionada con la contratación de Cenyt, que se concretó en el pago de cuatro facturas por un importe total de 185.000 euros, ha promovido e impulsado todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y circunstancias que concurrieron en dicha contratación.
Esas actuaciones, llevadas a cabo tanto con recursos internos como con la intervención de expertos independientes, han puesto de manifiesto "de forma concluyente" la inexistencia de infracciones o incumplimientos de los procedimientos internos de Repsol, "sin que existiese, ni siquiera, el menor afán de ocultación", destaca.
NO HUBO CONDUCTA ILÍCITA DE NINGÚN DIRECTIVO
En su sesión del 21 de abril de 2021, el consejo de administración de Repsol, tras las correspondientes reuniones monográficas de la Comisión de Auditoría y Control, de la Comisión de Nombramientos, y de los consejeros independientes, confirmó que no se apreciaba evidencia alguna de conductas contrarias al código de ética y conducta de la compañía ni de conducta ilícita por ningún consejero, directivo o empleado, actual o pasado, de Repsol.
Repsol recuerda que ha mantenido históricamente una trayectoria "ejemplar" en materia de cumplimiento normativo y prevención de delitos.
Incluso con anterioridad a la introducción de disposiciones legales específicas de obligado cumplimiento, Repsol se dotó de un código de ética y conducta y de normas internas específicas de control para todos sus colaboradores, "a la altura de los más avanzados y exigentes estándares del panorama nacional e internacional".
Como resultado de este compromiso con la cultura de cumplimiento normativo, Repsol constituyó en 2006, y mantiene en pleno funcionamiento, un órgano colegiado de prevención penal (la Comisión de Ética y Cumplimiento) e implantó y mantiene vigente un Modelo de Prevención y Vigilancia aplicable a 110 sociedades del grupo.
En la elaboración e implantación de este marco preventivo interno han participado firmas nacionales e internacionales como EY, KPMG, Corporate Defense y Sánchez-Junco Abogados, entre otros.
El sistema interno de cumplimiento normativo es objeto de revisión y mejora permanente y se somete a la validación interna por los departamentos de auditoría y control de Repsol.
Adicionalmente, un verificador externo independiente (EY, KPMG y, en la actualidad, Deloitte) confirma, con periodicidad anual, la idoneidad y efectiva implantación de las normas internas.
El modelo de prevención de Repsol incluye 15 normas específicas que abarcan todos los negocios y áreas corporativas a los que se extiende la actividad de la compañía y tiene implantados 1.521 controles internos destinados a identificar y prevenir eventuales conductas de riesgo.
CANAL DE DENUNCIAS
Además, como parte esencial de su sistema de prevención, Repsol tiene implantado y vigente un canal de denuncias dotado de todas las garantías de confidencialidad y destinado a identificar y resolver cuantas situaciones de naturaleza ética se pongan en conocimiento de la compañía.
La utilización de este Canal de Ética ha permitido resolver a lo largo de los años todas las incidencias planteadas y adoptar las decisiones pertinentes en virtud de las investigaciones llevadas a cabo.
A la difusión, conocimiento y formación de los empleados y colaboradores de Repsol en estas materias se han destinado, desde 2009, más de 120 campañas para reforzar la cultura de cumplimiento, habiéndose impartido más de 94.000 horas lectivas a un colectivo de más de 79.000 participantes.
Asimismo, indica que a la efectiva implantación y seguimiento del modelo de prevención dedican toda su actividad un colectivo de profesionales "altamente cualificados" que dirige el Chief Compliance Officer.
