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viernes | 26 abril | 2024
La contratación del derribo de los adosados de Ameiros (San Vicente) ha caído como un jarro de agua fría entre los propietarios. Aunque el Concello está decidido a cumplir con una sentencia firme de hace 20 años, muchos no se rinden argumentando que cuando compraron no existía esa orden, ni había declaración de ilegalidad y desconocían la existencia de la denuncia. De hecho, por lo menos un afectado está gestionando su reconocimiento como tercero de buena fe como paso previo a una posible petición de indemnización, aunque su principal interés es frenar la demolición y considera que la regularización es posible con el nuevo PXOM.
Cuando este afectado compró el chalé como segunda residencia para sus frecuentes visitas a su villa natal, corría el año 1998. En aquel entonces, y desde 1995, ya existía en el Concello una reclamación de derribo porque el promotor edificó adosados utilizando una licencia municipal y una autorización autonómica concedidas para un apartahotel –lo único permitido en este suelo rústico–. Lo anunciaba incluso en su publicidad –prueba importante en el juicio–. Sin embargo, este comprador defiende que “seguimos todo el procedimiento que marca la ley y en todos los lugares aparecía como vivienda y libre de cargas”. Así consta en la escritura y en el Registro de la Propiedad con nota de la Notaría.
Finalmente, aquel denunciante –el único– recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y en 1999 le dio la razón, pero los propietarios tardaron en enterarse. Cuatro años, en el caso de este grovense, que lo supo al “ver la foto de mi casa en la prensa” y que recibió la primera notificación de derribo en 2104, 15 años después del fallo, asegura.
Por todo ello, denuncia además que les han dejado “totalmente indefensos” porque, a pesar de ser los primeros perjudicados, no pudieron tomar parte: la denuncia se siguió contra el Concello y la promotora Playa O Espiño. En su caso, tiene el chalé alquilado a una familia por todo el año y “se quedaría en la calle”. También tardaron en reaccionar, cuenta, pues “el Concello nos tranquilizaba diciendo que se podía arreglar, pero cuando vimos que no, acudimos a abogados”. Y aunque está ultimando la contratación del derribo, cree que la legalización es posible con el nuevo PXOM. De hecho, no entiende, dice, “qué interés hay en ejecutarlo” cuando el denunciante falleció y su familia desistió oficialmente en 2016.
El Ayuntamiento sigue adelante porque el TSXG le apremia y le ha dado un plazo. De hecho, el juzgado ha embargado de las cuentas de los propietarios la parte proporcional para cubrir el gasto previsto de 40.000 euros, algo que el grovense afectado ha recurrido porque sucedió en marzo de 2020 “cuando supuestamente los plazos administrativos quedaron en suspenso por la pandemia”.
El alcalde, Jose Cacabelos, explica que tienen las manos atadas: “Los asesores jurídicos dicen que es una sentencia firme que hay que cumplir sí o sí”. El regidor, que heredó el caso, aseguró también que “no podría legalizarlos nunca” ni con el nuevo PXOM porque “los terrenos quedaron fuera de los núcleos rurales de San Vicente”.
También discrepa frente a la posibilidad de que el Concello tenga que indemnizar. En su último requerimiento, el TSXG señala que debe prestar “las garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fue”, pero Cacabelos señala que los informes jurídicos municipales dictan lo contrario: “Fue el promotor quien incumplió la licencia y el Ayuntamiento ejecuta subsidiariamente porque no hay intención de que lo vaya a hacer, pero tendremos que pasarle la factura”.
Asimismo destacó que se trata de un caso parecido al de Raeiros pues contaba con autorización previa de la Xunta, al tratarse de suelo rústico, y cree “muy necesario hacer que ver que estas irregularidades hay que pagarlas, y no lo dice el alcalde ni el Ayuntamiento, lo dice el TSXG”.
