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viernes | 19 abril | 2024
La Audiencia Provincial de Pontevedra retomó ayer el juicio por el alijo de unos 1.700 kilos de cocaína a bordo del buque “Titán III”, intervenidos en altamar en agosto de 2018. La sala ha desestimados todos los intentos previos de las defensas para tumbar la causa, incluida la cuestión de si la Justicia española era o no competente sobre el barco. Además, en la jornada de ayer se acordó el archivo de la causa contra uno de los veinte procesados.
De salida, eran 21 los encausados. Una de estas personas falleció y el caso abordado ayer resolvió el archivo de las actuaciones para un segundo investigado, ya que padece una enfermedad mental grave.
Hace unas semanas, el 1 de septiembre, se abordaron las cuestiones previas del caso. Entre otras alegaciones, las defensas argumentaron que las escuchas y registros habían sido irregulares, o que el abordaje del barco no fue ajustado a Derecho, al estar en aguas internacionales y carecer la Justicia española de competencia sobre dichas actuaciones, sostenían.
Ya entonces, la Audiencia comunicaba que solo esta última cuestión, la competencial, era la que podría terminar derivando en la suspensión del juicio: Pero, finalmente, no ha sido así. La Fiscalía mantenía ya en aquella jornada que todas las medidas aprobadas sobre el buque se adoptaron en aguas españolas y que lo que había era un “abanderamiento ficticio” en Panamá. El tribunal, por tanto, tumba ahora todas las pretensiones iniciales de las defensas para detener el avance del juicio y este siguió ayer con la toma de declaración de los acusados.
Las declaraciones de las personas encausadas se retrasaron este lunes hasta última hora de la mañana, a causa de un problema de índole técnico, con el sistema de registro y de grabación.
La Fiscalía mantiene que los procesados “estructuraron sus relaciones” con “un esquema de actuación piramidal” para “participar lucrativamente en la importación de un cargamento de cocaína” llegado a España por vía marítima. Por ello, solicita 9 años de prisión para cuatro de los seis coordinadores del operativo y 200 millones de euros en multas, y para los otros dos pide 12 años de prisión y 340 millones de euros en sanciones. Para el resto de los procesados solicita penas de entre 10 y 13 años y medio de prisión, y sanciones de entre 200 y 340 millones de euros.
En los primeros momentos de la investigación existieron indicios de que Manuel Charlín y uno de sus hijos pudieran haber participado en los preparativos y la coordinación de un transporte de droga desde Sudamérica. Posteriormente, en el momento de cerrar la instrucción, el juez acordó seguir la causa contra 21 personas —ahora 19— y libró de cargos a nueve personas, entre las que se encontraban Charlín y uno de sus hijos.
Tras la investigación policial, que se desarrolló durante varios meses, el 7 de agosto de 2018 se llevó a cabo el abordaje del remolcador “Titán III” y se detuvo a sus cuatro tripulantes. En su interior se halló un cargamento que superaba las 1,7 toneladas de cocaína, con una riqueza media del 84,8 % y un valor en el mercado ilícito de al menos 59,2 millones de euros.
Al día siguiente, se interceptó un segundo barco, el pesquero “Sempre Cacharelos”, que se encontraba a 110 millas del punto de encuentro “concertado para el trasvase de la droga que debía recibir” del remolcador. En las siguientes horas se produjeron las detenciones del resto de los investigados.
